En el corazón de la labor parlamentaria de México, un fenómeno persiste con una terquedad que erosiona de manera constante la confianza ciudadana: el ausentismo. De acuerdo con diversos reportes y el seguimiento puntual de las actividades en los recintos legislativos, la inasistencia de los representantes populares a las sesiones ordinarias y de comisiones se ha convertido en un obstáculo sistemático para la productividad del Estado.
El diario El Informador ha puesto de relieve cómo las curules vacías no son simplemente un detalle visual en las transmisiones del Congreso, sino una falta que tiene consecuencias directas en la aprobación de leyes. Cuando un legislador falta a su labor, no solo incumple con una responsabilidad ética, sino que pone en riesgo el quórum legal necesario para sesionar. Esto obliga, en repetidas ocasiones, a posponer discusiones cruciales en materias tan sensibles como la seguridad pública, la salud y la reactivación económica, dejando pendientes que afectan el día a día de millones de mexicanos.
Expertos en transparencia señalan que, aunque existen reglamentos internos que estipulan sanciones económicas y descuentos salariales por inasistencias injustificadas, estas medidas rara vez se aplican con el rigor necesario. En muchos casos, los legisladores suelen justificar sus ausencias bajo el concepto de 'tareas de gestión' o compromisos políticos fuera del recinto, argumentos que no siempre coinciden con la urgencia de los temas que se quedan congelados en el escritorio de las comisiones.
Esta situación genera un círculo vicioso de ineficiencia. Al no haber quórum, las sesiones se cancelan o se retrasan, lo que acumula el rezago legislativo y obliga a realizar periodos extraordinarios que representan un costo adicional para el erario. La percepción pública es clara: mientras el ciudadano promedio debe cumplir con horarios estrictos bajo la amenaza de despido, sus representantes gozan de una flexibilidad que raya en la impunidad laboral.
Para revertir esta tendencia, diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto mecanismos de vigilancia más estrictos y una mayor publicidad de las listas de asistencia. La transparencia total y la rendición de cuentas efectiva aparecen como las únicas herramientas capaces de obligar a los legisladores a ocupar el lugar para el que fueron electos y a cumplir con el mandato constitucional de legislar en favor del interés nacional.
