En el marco del debate nacional sobre la reestructuración del sistema democrático en México, diversos exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y especialistas en materia política han manifestado una profunda preocupación por el rumbo de la propuesta de reforma electoral. Según los expertos, el diseño de la iniciativa no solo compromete la autonomía técnica del organismo, sino que posiciona estratégicamente al partido en el poder, Morena, como el principal beneficiado de cara a los próximos procesos electorales.
El análisis técnico de la propuesta revela una contradicción fundamental que pone en jaque la operatividad del sistema: mientras se le asignan nuevas y más complejas responsabilidades al INE, el presupuesto destinado para su funcionamiento sufre recortes significativos. Esta dinámica de exigencia incremental frente a una asfixia financiera es vista por los analistas como un mecanismo de debilitamiento institucional que podría derivar en una incapacidad técnica para organizar comicios con los estándares de certeza y calidad a los que la ciudadanía mexicana está habituada.
Los especialistas señalan que esta reducción de recursos no es un detalle menor, sino un eje que busca mermar la capacidad de fiscalización y vigilancia del árbitro electoral. Al reducir la estructura profesional del instituto, el control sobre las campañas y la revisión del origen de los recursos se vuelve más laxo. Este escenario, advierten los críticos, favorece de manera desproporcionada a la estructura de Morena, permitiéndole consolidar su presencia territorial sin el contrapeso de una supervisión rigurosa.
Asimismo, se ha destacado que la reforma busca alterar las reglas de juego en un momento crítico para la estabilidad institucional del país. Los exconsejeros subrayan que una democracia funcional requiere de un árbitro sólido e imparcial. Sin embargo, al limitar el margen de maniobra financiera del INE, el país corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la organización de las elecciones queda vulnerable a las presiones del Ejecutivo y del partido oficial.
El consenso entre las voces académicas y políticas es que el INE pierde por partida doble: se le resta capacidad económica y se le suma una carga laboral que pone en riesgo la logística electoral. La advertencia final es contundente: de consolidarse estos cambios, el panorama electoral mexicano podría sufrir una transformación que incline la balanza en favor de la hegemonía partidista, debilitando los pilares que han garantizado la transparencia y la alternancia en México durante las últimas décadas.
