La tranquilidad de las actividades jurisdiccionales en la capital del país se vio interrumpida este día debido a una intensa movilización policiaca. Las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la zona de la colonia Doctores, tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva tras recibirse una alerta sobre la presunta presencia de artefactos explosivos en el inmueble.
Ante la gravedad del reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó de inmediato los protocolos de emergencia, ordenando el despliegue del Agrupamiento Zorros, la unidad de élite especializada en el manejo de sustancias peligrosas y artefactos explosivos. Cientos de empleados, abogados y ciudadanos que se encontraban realizando trámites legales fueron desalojados de los edificios y dirigidos a las zonas de seguridad externa, mientras los especialistas iniciaban las labores de inspección.
Los agentes del cuerpo de seguridad recorrieron piso por piso las oficinas y salas de audiencia, utilizando equipo tecnológico y binomios caninos adiestrados para la detección de materiales volátiles. La movilización generó una fuerte presencia de patrullas y unidades de emergencia en las calles aledañas, lo que provocó cortes intermitentes a la circulación y expectación entre los vecinos y comerciantes de la zona.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por la SSC, tras concluir la revisión minuciosa en los diversos niveles del recinto judicial, no se localizó ningún objeto o sustancia que representara un riesgo para la integridad de las personas. Se confirmó que se trató de una nueva alerta infundada, similar a otros incidentes que han ocurrido recientemente en instalaciones gubernamentales y de justicia de la metrópoli.
Una vez descartado cualquier peligro, el personal del Poder Judicial recibió la autorización para reingresar a las instalaciones y retomar sus labores cotidianas. Las autoridades capitalinas han hecho un llamado enérgico a la población para evitar realizar llamadas de broma o reportes falsos a los números de emergencia, ya que estas acciones distraen recursos críticos y afectan el funcionamiento de las instituciones públicas. Hasta el momento, no se tiene registro de personas detenidas por este incidente.
