En el marco del debate nacional sobre la próxima reforma electoral, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han manifestado su profunda preocupación ante las propuestas de austeridad que podrían comprometer la estructura operativa del organismo. Claudia Zavala y Jaime Rivera, integrantes del Consejo General, advirtieron que un recorte excesivo en el gasto de operación y la eliminación de órganos desconcentrados derivaría en un debilitamiento técnico e institucional frente a posibles injerencias externas.
La controversia surge tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una iniciativa para reducir, en términos generales, un 25% el gasto destinado a los procesos electorales en México, lo cual impactaría directamente tanto al INE como al financiamiento de los partidos políticos. Al respecto, la consejera Claudia Zavala instó a la prudencia y a esperar el contenido detallado de la reforma, aunque anticipó que vulnerar el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) o las juntas y consejos distritales sería un golpe directo a la columna vertebral de la democracia mexicana.
'Yo no he visto una propuesta de reforma, hay enunciados nada más. Hablan de un ahorro del 25%. El Servicio Profesional Electoral es la base fundamental para aterrizar las elecciones; en esa medida, cualquier disminución que se haga va a tener un efecto de debilitar a la institución', afirmó Zavala. La consejera explicó que las juntas distritales y locales son los órganos donde realmente se ejecutan la mayoría de las atribuciones constitucionales del instituto, garantizando la legalidad del voto en cada distrito del país.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera coincidió en que reducir la profesionalización del personal electoral sería una regresión a épocas de opacidad. Rivera destacó que, en caso de que la reforma plantee la desaparición de juntas locales permanentes, el país volvería a un modelo de órganos temporales. Según el consejero, este esquema del pasado presentaba dos defectos críticos: el ingreso de funcionarios improvisados a la organización de los comicios y una mayor dependencia de los funcionarios de gobierno que los nombraban.
Este posicionamiento ocurre mientras en el Congreso de la Unión, las fuerzas políticas afines al gobierno federal buscan consolidar el apoyo del PVEM y el PT para asegurar la aprobación de la reforma. Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría, ha sostenido que no habrá negociaciones ni 'planes B' para esta iniciativa, lo que aumenta la presión sobre el órgano electoral autónomo en un momento clave para la estabilidad democrática de México.
