El Gobierno de Cuba, a través de su Ministerio del Interior (Minint), emitió un comunicado oficial en el que sostiene que los ocupantes de una lancha rápida interceptada en días recientes en aguas territoriales de la isla tenían como objetivo la ejecución de actos con "fines terroristas". Esta declaración eleva la tensión en la ya complicada relación diplomática entre La Habana y Washington, al señalar directamente a residentes en suelo estadounidense como los autores de la incursión.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades cubanas, todos los tripulantes que resultaron heridos durante la operación de interceptación han sido identificados como ciudadanos de origen cubano que radican permanentemente en los Estados Unidos. Aunque no se han revelado las identidades específicas de los implicados, el Minint subrayó que el operativo se llevó a cabo bajo los protocolos de seguridad nacional para neutralizar lo que calificaron como una amenaza directa a la paz y estabilidad del país caribeño.
El gobierno de la isla ha reiterado en diversas ocasiones sus denuncias sobre la supuesta permisividad de las autoridades del estado de Florida ante grupos que organizan expediciones marítimas para desestabilizar el orden interno de Cuba. En este caso específico, la narrativa oficial apunta a que la embarcación habría partido desde las costas de la Unión Americana con el propósito de fomentar actividades ilícitas en territorio insular, aunque los detalles técnicos sobre el equipo o materiales incautados aún permanecen bajo reserva de la investigación en curso.
Para México, esta situación representa un foco de atención relevante en su política exterior hacia la región del Caribe. Dada la estrecha relación histórica y diplomática que el Gobierno de México mantiene con Cuba, cualquier incidente que involucre el uso de la fuerza o acusaciones de terrorismo en la zona suele ser monitoreado de cerca por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La estabilidad de la cuenca del Caribe es una prioridad estratégica para la administración mexicana, que tradicionalmente aboga por el diálogo y la resolución pacífica de controversias para evitar una escalada de tensiones militares en aguas internacionales.
Por el momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial exhaustiva ante estas graves acusaciones, limitándose a señalar que se encuentran revisando los reportes sobre el estatus de sus residentes involucrados. Mientras tanto, en La Habana, el proceso judicial y de investigación sigue su curso, con los heridos bajo custodia oficial y recibiendo atención médica en centros de salud estatales bajo estricta vigilancia militar.
