En un operativo conjunto que subraya la crítica situación de seguridad en el sureste mexicano, fuerzas estatales de Chiapas, con el respaldo estratégico del Ejército Mexicano, lograron frustrar una serie de ataques coordinados que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretendía ejecutar en diversas localidades de la entidad. La intervención resultó en la detención de cuatro individuos vinculados a dicha organización criminal, quienes presuntamente tenían como objetivo principal desestabilizar el orden público mediante agresiones directas a infraestructuras gubernamentales.
De acuerdo con los reportes oficiales derivados de las investigaciones de campo, la célula delictiva planeaba incursiones violentas contra seis poblaciones distintas, centrando su ofensiva en las sedes de las alcaldías y las bases operativas de las corporaciones policiales. Este plan de ataque representaba una amenaza directa a la autonomía municipal y a la integridad de las fuerzas del orden locales, marcando un escalamiento en las tácticas de confrontación que los grupos delictivos han adoptado en la región en meses recientes.
La captura de los cuatro presuntos criminales se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos antes de que pudieran iniciar su despliegue táctico. El apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue fundamental para asegurar el perímetro y garantizar el éxito de la operación, evitando enfrentamientos de gran escala que pusieran en riesgo a la población civil de las zonas aledañas.
El contexto en el que se desarrolla este suceso es particularmente complejo para el estado de Chiapas. En el último año, la entidad ha pasado de ser una zona de tránsito a un escenario de disputa territorial abierta entre facciones rivales del crimen organizado, principalmente entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Esta pugna por el control de las rutas fronterizas ha derivado en un aumento significativo de la violencia, desplazamientos forzados de comunidades enteras y, como lo demuestra este caso, intentos directos de socavar a las autoridades municipales.
Tras el arresto, las autoridades han reforzado la vigilancia en las zonas que se encontraban en la lista de objetivos del grupo criminal. Los detenidos han sido puestos a disposición de las instancias federales correspondientes para determinar su situación jurídica y profundizar en las investigaciones sobre la estructura operativa del cártel en la zona sur del país. Este golpe operativo resalta la importancia de la coordinación interinstitucional frente a la expansión de los grupos de la delincuencia organizada en territorios anteriormente considerados de baja intensidad delictiva.



