QUITO, Ecuador — En una jornada marcada por el debate y la presión social, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este jueves al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, cuyo objetivo principal es la optimización de la gestión pública y privada en los sectores de minería y energía eléctrica. La aprobación de esta normativa se produce en un clima de alta tensión, ante las advertencias de diversos sectores de la sociedad civil y colectivos originarios que ven en esta reforma una amenaza directa a sus territorios.
La iniciativa legislativa busca, según el gobierno ecuatoriano, modernizar el marco jurídico para atraer inversiones extranjeras y mejorar la eficiencia en la explotación de recursos naturales, áreas consideradas estratégicas para la recuperación económica del país. Sin embargo, el texto ha sido duramente cuestionado por los movimientos indígenas del país andino, encabezados por organizaciones como la CONAIE. Estas agrupaciones sostienen que la ley carece de salvaguardas ambientales suficientes y pone en riesgo crítico el acceso al agua de las comunidades rurales, fundamentales para su subsistencia y soberanía alimentaria.
Para el lector en México, este escenario resulta profundamente familiar. Al igual que ha ocurrido en territorio mexicano con las recientes controversias en torno a la Ley Minera y los conflictos socioambientales en estados como Sonora, Zacatecas o Puebla, el caso ecuatoriano pone de relieve la dicotomía regional entre el desarrollo económico basado en el extractivismo y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos originarios. En ambos países, la lucha por la consulta previa, libre e informada se mantiene como un eje central de la disputa política y legal.
Los opositores a la ley en Ecuador argumentan que la apertura a una mayor participación privada en áreas estratégicas podría derivar en una flexibilización de los controles ambientales. Por su parte, el Ejecutivo defiende que las reformas son indispensables para enfrentar la crisis energética que ha provocado apagones programados en meses recientes y para sanear las finanzas públicas mediante la reactivación de proyectos mineros a gran escala.
Con esta decisión, Ecuador se suma a la lista de naciones latinoamericanas que buscan ajustar sus normativas extractivas en un contexto global de alta demanda de minerales críticos, mientras las tensiones con las comunidades locales amenazan con escalar a nuevas movilizaciones y protestas sociales en el corto plazo.
