La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado la atracción del caso de Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena náhuatl cuya muerte en 2007 se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y los abusos militares en México. A casi dos décadas de los trágicos sucesos ocurridos en la Sierra de Zongolica, Veracruz, la institución federal reclasificará las indagatorias para investigar formalmente el delito de tortura sexual.
Este movimiento jurídico responde al cumplimiento estricto de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal internacional determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la integridad personal, el derecho a la vida y el acceso a la justicia. La resolución destaca que la investigación original, a cargo de la fiscalía local de Veracruz, fue deficiente y no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables para casos de violencia contra las mujeres y pueblos indígenas.
Los hechos que marcaron este caso se remontan al 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa. Ernestina Ascencio, una mujer de 73 años dedicada al pastoreo, fue encontrada herida por sus familiares a solo 300 metros de un campamento instalado por el 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Según los testimonios y las indagatorias actuales, la víctima fue agredida sexualmente por elementos castrenses y falleció al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones, antes de poder recibir la atención médica necesaria.
La nueva etapa de la investigación estará bajo el mando del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra). Esta unidad tendrá la tarea de realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos que fueron sistemáticamente negados o minimizados por las autoridades mexicanas en su momento, cuando incluso se intentó presentar la muerte como derivada de causas naturales.
El caso de Ernestina Ascencio es un referente histórico de la búsqueda de justicia en México, representando la resistencia de las comunidades indígenas frente a la opacidad institucional. Con la intervención directa de la FGR, se abre una posibilidad real de sancionar a los responsables materiales e intelectuales, buscando dignificar la memoria de la víctima tras años de haber sido ignorada por el sistema judicial nacional.
