La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de la protección al consumidor en aquel país, ha tomado una decisión que ha generado debate en el sector tecnológico a nivel global: suavizar la aplicación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). Aunque la medida parezca contradictoria, la agencia federal argumenta que esta flexibilización tiene como objetivo final proteger de mejor manera a los menores de edad en el entorno digital.
Históricamente, la ley COPPA ha sido el estándar de oro para la regulación de la privacidad de menores de 13 años en internet. Esta normativa prohíbe estrictamente a las empresas tecnológicas recolectar información personal de niños sin el consentimiento explícito y verificado de sus padres. Sin embargo, en la práctica, la interpretación rigurosa de la norma ha creado un dilema técnico y legal: para que una plataforma sepa si un usuario es un niño y así poder aplicarle protecciones especiales, primero debe pedirle su edad o recolectar ciertos datos, lo cual podría interpretarse como una violación a la propia ley si no se realiza bajo protocolos extremadamente rígidos.
Ante este escenario, la FTC ha indicado que no será tan severa en su interpretación de la norma cuando las empresas intenten implementar sistemas de verificación de edad. El argumento central de la comisión es que, si las plataformas temen recolectar el dato de la edad por miedo a multas millonarias, terminan por tratar a todos los usuarios como adultos de manera predeterminada. Esto, irónicamente, expone a los menores a contenidos inapropiados, algoritmos de recomendación agresivos o a una recolección de datos personales aún más profunda al no ser identificados como sujetos de protección.
Esta decisión tiene implicaciones directas para los usuarios en México. Dado que la gran mayoría de las redes sociales y servicios digitales que consumen los menores mexicanos —como YouTube, TikTok, Meta o diversos servicios de videojuegos— son operados por empresas con sede en Estados Unidos, cualquier cambio en las directrices de la FTC redefine la forma en que se maneja la privacidad de millones de niños en nuestro país. En México, aunque contamos con la Ley General de Protección de Datos Personales, la realidad es que las políticas de estas plataformas se rigen primordialmente por los estándares estadounidenses.
Expertos en seguridad digital señalan que este cambio de postura de la FTC podría abrir la puerta a métodos de verificación más innovadores y precisos. No obstante, también advierten sobre el riesgo latente de que las empresas de tecnología aprovechen esta nueva flexibilidad para recopilar más información de la estrictamente necesaria bajo el pretexto de la seguridad. El desafío para las autoridades internacionales será vigilar que este voto de confianza no se convierta en una vía libre para que el rastro digital de los niños sea explotado con fines comerciales.
