A más de dos décadas de uno de los crímenes más estremecedores en la historia reciente del Reino Unido, el caso de los asesinatos de Soham vuelve a ser noticia por el presente de una de sus protagonistas. Maxine Carr, la mujer que se convirtió en una de las figuras más señaladas de Gran Bretaña por encubrir a su entonces pareja, el asesino Ian Huntley, ha logrado reconstruir su vida en el anonimato total.
De acuerdo con información del diario británico Daily Mail, Carr, quien anteriormente se desempeñaba como asistente educativa, vive ahora en una zona rural del país, se ha casado y ha formado una familia. Todo esto ha sido posible gracias a una orden judicial de anonimato de por vida, una medida extremadamente inusual en el sistema legal británico que busca proteger la integridad física de personas cuya identidad original podría ponerlas en riesgo de linchamientos o ataques.
Para poner en contexto al lector mexicano, el caso de Soham se remonta al año 2002, cuando las niñas Holly Wells y Jessica Chapman, ambas de 10 años, desaparecieron en la pequeña localidad de Soham, en Cambridgeshire. Ian Huntley, el conserje de la escuela local, fue identificado posteriormente como el autor material de los homicidios. Maxine Carr proporcionó inicialmente una coartada falsa a las autoridades, afirmando que estaba con Huntley en el momento de la desaparición, lo que desvió y retrasó significativamente la investigación policial.
Carr fue condenada en 2003 por el delito de conspiración para pervertir el curso de la justicia. Aunque recibió una sentencia de 42 meses de prisión, fue puesta en libertad condicional tras cumplir apenas 21 meses, la mitad de su condena original. Desde su salida de la cárcel en 2004, el Estado británico ha invertido recursos considerables en su reubicación, otorgándole un nuevo nombre y protección policial permanente.
Este nivel de protección es altamente controvertido en el Reino Unido. Carr es una de las pocas personas que goza de una orden judicial que prohíbe permanentemente a los medios de comunicación revelar cualquier detalle sobre su apariencia actual, su ubicación o su nueva identidad legal. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue generando un intenso debate sobre los límites de la reinserción social y el derecho al olvido para quienes han participado en crímenes de alto impacto social.
