La creciente ola de violencia que azota a diversas regiones del estado de Jalisco ha cruzado las fronteras, generando un clima de zozobra entre la numerosa comunidad de jaliscienses radicada en los Estados Unidos. La preocupación no es menor: el temor por la integridad física y el patrimonio de sus familias en México ha llevado a líderes migrantes a cuestionar abiertamente la efectividad de las estrategias gubernamentales y la veracidad de los reportes oficiales.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes, fungió como portavoz de este sentimiento generalizado al señalar que la diáspora no comparte el optimismo de las autoridades estatales. Según el activista, existe un sector masivo de la población migrante que observa con escepticismo los intentos del gobierno por proyectar una imagen de retorno a la normalidad tras los recientes eventos de alto impacto que han marcado la agenda pública en la entidad.

'Son miles los jaliscienses que están muy preocupados', afirmó Gutiérrez, subrayando que la falta de confianza en los avisos de normalización es el denominador común entre quienes mantienen contacto diario con sus comunidades de origen. Para los migrantes, la narrativa oficial de seguridad contrasta drásticamente con los testimonios de sus familiares, quienes describen una realidad marcada por la incertidumbre y la presencia constante de grupos delictivos en municipios clave del estado.

Jalisco se ha consolidado históricamente como una de las entidades con mayor expulsión de mano de obra hacia el país vecino, estableciendo un vínculo económico y social vital a través de las remesas. No obstante, este lazo se ve hoy empañado por la impotencia de quienes, a la distancia, se sienten incapaces de proteger a los suyos. El reclamo de la Coalición enfatiza que no basta con desplegar comunicados de prensa; la comunidad internacional de jaliscienses exige garantías tangibles y una reducción real de los índices de criminalidad.

Este posicionamiento surge en un contexto donde la percepción de inseguridad en el estado ha escalado, afectando no solo la vida cotidiana de los residentes, sino también los planes de visita y retorno de los connacionales. La desconfianza manifestada por Gutiérrez refleja una fractura entre la comunicación social del gobierno y la vivencia de los ciudadanos, un desafío que las autoridades deberán atender para recuperar la credibilidad frente a uno de los sectores más influyentes para la economía de Jalisco.