HERMOSILLO, SONORA. — En un movimiento coordinado que agudiza la polarización política en la entidad, un bloque de diputados de oposición del Congreso del Estado de Sonora presentó formalmente una serie de recursos legales y una denuncia penal, argumentando graves irregularidades en el funcionamiento del recinto legislativo bajo la actual gestión de la mayoría encabezada por Morena y sus aliados.
El bloque opositor, integrado por las y los legisladores Gabriela Félix Bojórquez y Manuel Scott, de Movimiento Ciudadano; Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa, del PRI; así como Juan Pablo Arenívar, del PAN, acudió ante diversas instancias para exigir que se investiguen posibles violaciones sistemáticas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora. Según los denunciantes, las faltas administrativas y procedimentales han afectado la operatividad y la representatividad dentro del recinto.
Entre las acciones legales emprendidas destaca la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS), donde se señalan actos que presuntamente vulneran la transparencia y el debido proceso administrativo. De forma complementaria, los legisladores interpusieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE) y un recurso administrativo ante la Contraloría Interna del propio Poder Legislativo.
Durante una rueda de prensa conjunta celebrada en la capital sonorense, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix, enfatizó que esta ofensiva jurídica no responde a una agenda de intereses partidistas ni a un conflicto de colores, sino a la imperiosa necesidad de rescatar la institucionalidad y el respeto a las normas que rigen al Poder Legislativo local. “Somos diputadas y diputados de oposición y hay temas que nos unen para poder caminar en defensa de la legalidad”, señaló la legisladora, subrayando que la conducción actual ha ignorado los contrapesos necesarios en una democracia.
Este conflicto se enmarca en un contexto nacional de constantes fricciones en los congresos estatales de México, donde las minorías parlamentarias denuncian frecuentemente el uso de la “aplanadora” legislativa para ignorar procedimientos técnicos y jurídicos establecidos. En el caso de Sonora, la oposición busca que las autoridades autónomas deslinden responsabilidades sobre lo que califican como un atropello sistemático a la normativa interna por parte del bloque oficialista.
Por ahora, las instancias correspondientes deberán analizar las pruebas presentadas para determinar si existieron omisiones o violaciones punibles. Mientras tanto, la directiva del Congreso de Sonora no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acciones legales que ponen bajo la lupa la transparencia del ejercicio legislativo en el estado.
