En un esfuerzo por fortalecer la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión telefónica, el Gobierno de México ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de vincular cada línea de telefonía móvil con la identidad oficial del titular. Esta medida ha generado diversas interrogantes entre los millones de usuarios en el país, especialmente en torno a si la implementación de la nueva CURP con datos biométricos será un requisito indispensable para evitar la cancelación del servicio.
El registro busca crear un padrón confiable que asocie el número telefónico directamente con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Según las autoridades federales, la falta de un control estricto sobre quién adquiere tarjetas SIM facilita el anonimato utilizado por grupos delictivos para operar desde la clandestinidad. No obstante, la integración de datos biométricos —como huellas dactilares o escaneo de iris— en la CURP ha reavivado el debate sobre la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos en la era digital.
Es importante recordar que antecedentes similares, como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), fueron invalidados anteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a preocupaciones sobre el manejo de información sensible y posibles vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, la actual transición hacia una 'CURP con datos biométricos', gestionada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), plantea un nuevo escenario donde la identidad digital del mexicano será la base para diversos trámites, incluyendo la contratación y mantenimiento de servicios de telecomunicaciones.
Hasta el momento, el proceso se encuentra en una fase de transición y fortalecimiento institucional. Los prestadores de servicios de telefonía móvil están a la espera de lineamientos técnicos definitivos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las dependencias gubernamentales correspondientes. Para los usuarios, la recomendación principal es no caer en pánico ante mensajes alarmistas sobre la pérdida inmediata de su línea, pero sí estar preparados para actualizar su información ante sus respectivas compañías telefónicas una vez que las normativas sean oficiales y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La implementación de este registro no solo es una cuestión de control administrativo, sino una pieza clave en la estrategia de seguridad nacional del país. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para la pacificación y el orden, diversos organismos defensores de los derechos digitales advierten sobre los riesgos de centralizar información tan sensible en bases de datos estatales. En las próximas semanas se espera mayor claridad sobre los plazos y la obligatoriedad real del uso de datos biométricos en este nuevo esquema de registro de telefonía.
