En un hecho que ha generado una profunda indignación y consternación en la sociedad yucateca, un grupo de presuntos sicarios protagonizó un episodio de violencia y surrealismo al irrumpir violentamente en un domicilio particular. Los agresores, quienes portaban armas de fuego, sometieron y amenazaron de muerte a una mujer y a su hijo menor de edad, para posteriormente retirarse y regresar minutos más tarde con el fin de ofrecer una disculpa por haberse equivocado de objetivo.
De acuerdo con los reportes derivados del incidente, el comando armado forzó la entrada de la vivienda bajo la premisa de ejecutar un ajuste de cuentas. Durante varios minutos, la madre y el niño fueron víctimas de actos de intimidación que han dejado una huella traumática profunda. Sin embargo, tras percatarse de que las personas en el interior no eran a quienes buscaban, los delincuentes abandonaron el inmueble, solo para realizar un segundo contacto en el que expresaron su 'error'.
Ante la gravedad de la situación, la víctima ha alzado la voz para exigir a las autoridades estatales, específicamente a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que se realice una investigación exhaustiva y se deslinden las responsabilidades penales correspondientes. La mujer fue enfática al señalar que el reconocimiento del error por parte de los criminales no minimiza la magnitud del delito cometido.
'Una disculpa no repara el daño psicológico ocasionado a mi hijo', sentenció la madre afectada en sus declaraciones iniciales. Para la familia, el impacto emocional derivado de ver su hogar vulnerado y sus vidas bajo amenaza inminente no puede ser subsanado con un simple gesto de rectificación por parte de los victimarios. El menor de edad, según se informa, presenta cuadros de crisis nerviosa y temor persistente tras el allanamiento.
Este suceso ocurre en un estado que históricamente se ha posicionado como uno de los más seguros de México, lo que incrementa la preocupación de la ciudadanía sobre la presencia y operación de células delictivas con capacidad de realizar despliegues armados en zonas residenciales. La comunidad exige que el caso no quede en la impunidad y que se garantice la seguridad de las víctimas, quienes ahora temen por posibles represalias o nuevos 'errores' de la delincuencia organizada.
