La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfrenta un panorama complejo en el Congreso de la Unión. A pesar de la narrativa de austeridad y transformación que promueve el Ejecutivo, la propuesta ha encontrado una barrera significativa no solo en las bancadas de la oposición, sino también entre los aliados estratégicos de la coalición gobernante.

De acuerdo con el análisis del entorno legislativo, los partidos que integran la oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— han manifestado una postura firme en contra de la iniciativa. Sin embargo, la mayor sorpresa para los operadores políticos de la presidencia ha sido la renuencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) para respaldar los cambios propuestos en su totalidad. El conflicto central radica en la supervivencia financiera y política de estas organizaciones.

En el centro de la disputa se encuentran dos pilares del sistema electoral mexicano actual: la representación proporcional (diputados plurinominales) y el subsidio público otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Para el ejercicio presupuestal de este año, el PVEM tiene asignados 869 millones de pesos, mientras que el PT cuenta con una bolsa de 703 millones de pesos. La propuesta de reforma busca reducir estos montos, lo que ha provocado que las dirigencias de ambos partidos defiendan sus ingresos y posiciones bajo la bandera de la protección democrática.

Especialistas señalan que la estrategia legislativa pudo haber sido invertida. En lugar de construir un consenso previo con las cúpulas partidistas —a menudo descritas como una 'partidocracia' arraigada—, la comisión designada procedió a la redacción de la reforma electoral ideal, pero quizá no la más factible en el clima político actual. Esta falta de negociación preliminar ha dejado a la reforma en una posición vulnerable, donde la esperanza de un cambio estructural choca con la realidad del interés presupuestario.

El futuro de la iniciativa ahora pende de la capacidad de negociación del gobierno federal con sus propios aliados, quienes parecen no estar dispuestos a dar su brazo a torcer si esto implica la pérdida de su zona de confort económica y de representación en las cámaras. El desenlace de este proceso determinará si la austeridad republicana logra alcanzar finalmente al sistema de partidos en México.