El príncipe Andrés, otrora una de las figuras más visibles de la familia real británica, se encuentra hoy en el centro de un debate constitucional que podría alterar su estatus de manera definitiva. A pesar de haber sido apartado de sus funciones oficiales y despojado de sus títulos militares en años recientes, el Duque de York aún ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono del Reino Unido. Sin embargo, diversos reportes indican que esta situación jurídica podría ser revocada ante el persistente daño a la imagen de la corona.

La controversia que rodea al tercer hijo de la fallecida reina Isabel II se intensificó debido a su estrecha relación con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que fue condenado por delitos de tráfico sexual de menores y que se quitó la vida en prisión en 2019. Para el público mexicano y la comunidad internacional, el caso Epstein representa uno de los escándalos de abuso de poder más graves de las últimas décadas, y la implicación de un miembro de la realeza británica ha mantenido el tema en la agenda global.

Actualmente, Andrés se sitúa en la línea de sucesión detrás del príncipe William, sus tres hijos (George, Charlotte y Louis), el príncipe Harry y los dos hijos de este último (Archie y Lilibet). Aunque las posibilidades de que Andrés llegue a portar la corona son prácticamente nulas, su permanencia en la lista oficial es vista por muchos críticos como una afrenta a las víctimas y una inconsistencia moral para la institución que hoy encabeza su hermano, el rey Carlos III.

En términos legales, remover a una persona de la línea de sucesión no es una tarea sencilla que el monarca pueda resolver por decreto. De acuerdo con el marco constitucional británico, cualquier cambio en el orden hereditario requiere de la intervención del Parlamento mediante una ley específica (Act of Parliament). Este proceso legislativo implicaría un debate público sobre la conducta del príncipe, algo que la Casa de Windsor ha intentado evitar para proteger la estabilidad de la monarquía.

A medida que la presión social aumenta y el reinado de Carlos III busca modernizarse, la posibilidad de una reforma legal para formalizar la salida de Andrés de cualquier posición de relevancia estatal cobra fuerza. La resolución de este conflicto no solo definiría el futuro del príncipe, sino que sentaría un precedente sobre cómo la monarquía británica responde ante las crisis éticas en el siglo XXI.