En un reciente análisis sobre el panorama democrático del país, el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez puso bajo la lupa la propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha comenzado a perfilar. Según el analista, el proyecto, que será enviado próximamente al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, presenta una serie de "claroscuros" que podrían comprometer la equidad y la libertad en los futuros procesos electorales de México.
Uno de los puntos más críticos señalados por Silva-Herzog Márquez es el debilitamiento institucional que se vislumbra bajo la bandera de la "austeridad republicana". Para el columnista, el argumento de reducir costos operativos en el sistema electoral esconde una intención de mermar la autonomía de los organismos encargados de organizar y fiscalizar las elecciones. Este recorte, advierte, no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que vulnera la capacidad de respuesta de las autoridades frente a posibles irregularidades.
Asimismo, el analista expresó su preocupación por la inclusión de lo que califica como "facultades censoras". La propuesta contempla otorgar atribuciones para ordenar el retiro de publicaciones en redes sociales, lo que representa un riesgo latente para la libertad de expresión. En un contexto donde la arena digital es fundamental para el debate público, estas medidas podrían ser utilizadas como herramientas de control gubernamental sobre el discurso opositor o la crítica ciudadana.
Sin embargo, lo que Silva-Herzog Márquez considera más alarmante no es lo que el documento contiene, sino lo que omite de manera deliberada: una estrategia frontal para blindar las urnas frente a la interferencia del crimen organizado. En diversas regiones del país, la violencia política y la coacción de grupos delictivos han manchado los procesos electorales previos. El hecho de que la reforma no incluya mecanismos específicos para prevenir esta infiltración es, a ojos del analista, una señal de vulnerabilidad que el Estado mexicano no puede permitirse ignorar.
Con el envío de esta iniciativa al Legislativo, se espera un intenso debate nacional. Los críticos y analistas coinciden en que una reforma de esta magnitud debería enfocarse en fortalecer el sistema democrático y blindar la integridad de los comicios, en lugar de centralizar facultades o dejar de lado la problemática de la seguridad, que sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda política del país.
