En el marco de la revisión de las políticas energéticas nacionales, ha surgido una propuesta fundamental para el futuro de los combustibles en el país: la necesidad de acelerar e incrementar la mezcla de etanol en las gasolinas mexicanas. El núcleo de este debate se centra en la reforma a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, la cual regula las especificaciones de calidad de los petrolíferos en México.
De acuerdo con analistas del sector energético, la actualización de esta normativa no solo debe contemplar una mayor apertura hacia el uso de este biocombustible, sino que debe evitar caer en la imposición de techos o porcentajes específicos que limiten su participación a largo plazo. La visión actual sugiere que, al no fijar un límite rígido, el marco legal permitiría que la industria aumente gradualmente la presencia de etanol conforme la infraestructura y la tecnología vehicular lo demanden, sin necesidad de enfrentar nuevos y lentos procesos burocráticos para futuras reformas.
En el contexto mexicano, la discusión sobre el etanol es estratégica. Actualmente, la normativa permite mezclas de hasta el 10% (E10) en gran parte del territorio nacional, a excepción de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde existen restricciones por motivos de calidad del aire. Sin embargo, los defensores del etanol argumentan que este componente no solo es un oxigenante más económico que el MTBE (éter metil tert-butílico), sino que también representa una ruta viable para reducir la huella de carbono y cumplir con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático.
La flexibilidad que se busca con la reforma a la NOM-016 permitiría que México se alinee con las tendencias globales observadas en mercados como el de Estados Unidos o Brasil, donde el uso de etanol es una pieza clave para la soberanía energética y la estabilidad de precios en las bombas. Los expertos coinciden en que una regulación adaptable fomentaría la inversión en plantas de producción locales, beneficiando también al sector agroindustrial mexicano.
Finalmente, el reto para las autoridades regulatorias y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será equilibrar las especificaciones técnicas para garantizar el rendimiento de los motores con una visión de mercado abierta. Al acelerar el uso de este biocombustible, México no solo estaría optando por una alternativa más limpia, sino que estaría blindando su marco regulatorio para permitir que la innovación energética avance sin las ataduras de porcentajes fijos que suelen quedar obsoletos ante la dinámica del mercado global.
