El periodista mexicano Leonardo Martínez ha elevado una solicitud formal ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir su traslado inmediato a un nuevo refugio de seguridad. Esta petición surge luego de que el comunicador denunciara haber sido víctima de una serie de robos en el domicilio proporcionado por las autoridades federales, lo que pone en entredicho la efectividad de las medidas de protección asignadas y la confidencialidad de su ubicación actual.
De acuerdo con la información disponible, Martínez señaló que la vulnerabilidad de su vivienda actual representa un riesgo inminente para su integridad física. El hecho de que su refugio haya sido objeto de actos delictivos recurrentes sugiere que el anonimato y la seguridad del inmueble han sido comprometidos, lo cual contraviene directamente los protocolos de seguridad establecidos por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La situación de Leonardo Martínez se enmarca en un contexto crítico para la prensa en México, país que sigue siendo considerado uno de los territorios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo sin ser parte de un conflicto bélico. La recurrencia de amenazas y ataques contra comunicadores ha obligado al Estado a implementar sistemas de refugio que, ante incidentes como los denunciados por Martínez, demuestran fallas estructurales que deben ser atendidas con urgencia por las instancias correspondientes.
El periodista ha manifestado que la falta de garantías en su lugar de resguardo actual le impide realizar sus actividades cotidianas y profesionales con la mínima tranquilidad necesaria. La Segob, a través de la dependencia encargada de la protección a comunicadores, tiene la responsabilidad legal de evaluar estas solicitudes de manera expedita para asegurar que los beneficiarios del programa no queden expuestos a posibles represalias o ataques derivados de la exposición de sus ubicaciones.
Finalmente, organizaciones civiles y gremios periodísticos han insistido en que la efectividad de las casas de seguridad depende exclusivamente de su secrecía y vigilancia. El caso de Leonardo Martínez pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda a los protocolos de selección y mantenimiento de estos espacios, asegurando que la protección brindada por el gobierno federal sea real y no solo un trámite administrativo que deje a los periodistas en una situación de mayor vulnerabilidad ante sus agresores.
