La administración encabezada por el republicano Donald Trump ha comenzado a explorar una serie de medidas regulatorias que obligarían a las instituciones bancarias en Estados Unidos a recopilar y reportar información detallada sobre la ciudadanía de sus clientes. Esta iniciativa se perfila como un pilar fundamental dentro de su estrategia para intensificar la vigilancia sobre la población inmigrante y endurecer los controles contra la estancia irregular en el país.
De acuerdo con reportes de fuentes cercanas al gobierno estadounidense, la propuesta busca que los bancos actúen como un filtro adicional de seguridad nacional. El objetivo es permitir al gobierno federal identificar con mayor precisión a personas que operan dentro del sistema financiero estadounidense sin contar con un estatus legal formal. Actualmente, aunque los bancos deben verificar la identidad de sus cuentahabientes bajo leyes de prevención de lavado de dinero, no existe una obligación federal estricta que les exija informar específicamente sobre la ciudadanía para fines migratorios.
Esta medida representa un cambio significativo en la relación entre el sector financiero y el Estado, y ha generado alarmas inmediatas entre organizaciones de defensa de los derechos civiles. Expertos señalan que la implementación de estas políticas podría empujar a millones de personas a la informalidad financiera, ante el temor de que sus datos personales sean compartidos con agencias de control migratorio como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Para México, el impacto de una decisión de esta naturaleza es de suma relevancia. Gran parte de la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos, que suma millones de personas, utiliza el sistema bancario formal para gestionar sus ahorros y, fundamentalmente, para el envío de remesas hacia sus familias en territorio nacional. Las remesas constituyen una de las principales fuentes de divisas para la economía mexicana, alcanzando cifras récord en años recientes. El endurecimiento de los requisitos bancarios no solo afectaría la inclusión financiera de los migrantes, sino que también podría complicar el flujo de dinero hacia el país al forzar a los usuarios a recurrir a canales menos seguros.
Se anticipa que esta propuesta enfrente una batalla legal importante en las cortes federales. Diversas entidades financieras podrían oponerse a asumir funciones de vigilancia migratoria que, según argumentan, no les corresponden y podrían vulnerar la privacidad de sus usuarios. Por su parte, la administración Trump sostiene que estas acciones son necesarias para garantizar la integridad del sistema financiero y fortalecer la seguridad interna, cerrando el acceso a servicios institucionales para quienes no cuentan con una estancia legal en la Unión Americana.
