En un movimiento que redefine la geopolítica de la seguridad en el Cono Sur, el Ministro de Gobierno de Bolivia ha confirmado oficialmente que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se encuentra nuevamente operando en territorio boliviano. Este anuncio pone fin a un largo periodo de distanciamiento entre el país andino y la agencia estadounidense, marcando un cambio radical en la estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional.

La presencia de la DEA en Bolivia fue interrumpida abruptamente durante el gobierno del expresidente Evo Morales, quien en 2008 decidió expulsar a la agencia bajo acusaciones de participar en complots políticos. En aquel entonces, Morales argumentó que la agencia estadounidense no solo interfería en asuntos internos, sino que financiaba a grupos de la oposición con el objetivo de deponer su administración. Desde esa fecha, el control del narcotráfico en Bolivia había quedado exclusivamente bajo supervisión estatal y cooperación regional limitada.

El retorno de la agencia ocurre en un momento crítico para la región, donde las rutas del narcotráfico han evolucionado y se han diversificado. El actual Ministerio de Gobierno defiende esta colaboración como un paso necesario para fortalecer las capacidades de inteligencia y operativos de interdicción. Según las autoridades, la integración de tecnología y bases de datos compartidas con organismos internacionales es fundamental para enfrentar a los carteles que operan a través de las fronteras sudamericanas.

Desde una perspectiva relevante para México, este giro en la política boliviana es de gran interés para las autoridades nacionales y analistas de seguridad. Bolivia se mantiene como uno de los principales productores de hoja de coca y cocaína en el mundo. Históricamente, parte del producto generado en la región andina transita por rutas que involucran a organizaciones criminales que también tienen presencia en México. Una mayor vigilancia y control en el origen de la producción podría impactar directamente en la dinámica de distribución de narcóticos que atraviesan el continente hacia el mercado norteamericano.

No obstante, el anuncio no ha estado exento de polémica. Sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) han expresado su preocupación por lo que consideran una pérdida de soberanía nacional. La administración actual, por su parte, reitera que la cooperación técnica no implica una subordinación política, sino una respuesta pragmática ante la creciente complejidad del tráfico de drogas en el siglo XXI. Con este paso, Bolivia busca reintegrarse plenamente a los mecanismos internacionales de seguridad, intentando dejar atrás las tensiones ideológicas que definieron la última década.