CIUDAD DE MÉXICO – Un bloque de 15 fiscales generales estatales en la Unión Americana ha interpuesto una demanda formal contra Robert F. Kennedy Jr., figura clave en la política sanitaria de la administración del presidente Donald Trump, tras la presentación de un nuevo plan que busca reducir drásticamente el calendario de vacunación infantil. De acuerdo con los demandantes, esta política representa un retroceso peligroso que, en palabras de los expertos, "desecha la ciencia por la ventana".
La controversia se centra en la propuesta de Kennedy Jr. de modificar los protocolos de salud pública que han regido en Estados Unidos durante décadas. Los fiscales argumentan que esta medida no solo carece de fundamentos técnicos, sino que ignora la evidencia acumulada por instituciones de prestigio mundial, poniendo en jaque la inmunidad colectiva y la seguridad de los ciudadanos.
Para el lector en México, es fundamental entender quién es Robert F. Kennedy Jr. Sobrino del expresidente John F. Kennedy, RFK Jr. ha transitado de ser un reconocido abogado ambientalista a convertirse en una de las voces más prominentes y polémicas del movimiento escéptico de las vacunas. Su reciente integración al equipo de salud federal bajo el mandato de Trump ha generado una alarma sin precedentes en la comunidad médica internacional, debido a su historial de cuestionamientos hacia la seguridad de las inmunizaciones.
Los estados que lideran la demanda sostienen que el gobierno federal está actuando de manera arbitraria. La acusación principal señala que reducir el esquema de vacunación propicia el resurgimiento de enfermedades que ya se consideraban bajo control, como el sarampión y la poliomielitis. Los fiscales estatales subrayan que el calendario actual es el resultado de años de investigación clínica y que cualquier modificación debe basarse en datos sólidos y no en posturas ideológicas.
Este enfrentamiento legal marca el inicio de una serie de batallas judiciales que se esperan durante el presente mandato, donde la ciencia y la política pública parecen estar en curso de colisión. El resultado de este proceso no solo afectará a la población estadounidense, sino que podría sentar precedentes para la regulación sanitaria en toda la región de Norteamérica, afectando indirectamente las políticas de salud fronteriza con México.
