La reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha comenzado su recorrido estratégico por las legislaturas locales, logrando ya sus primeros respaldos significativos. Al tratarse de una modificación a la Carta Magna, el dictamen requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales para concretar el proceso legislativo y entrar en vigor, cumpliendo con el requisito de ser avalado por el Constituyente Permanente.

Hasta el momento, tres entidades han dado luz verde a la iniciativa bajo un clima de consenso generalizado. En Yucatán, el Congreso local aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados con una amplia mayoría de 34 votos a favor y solo uno en contra, emitido por la representación del PRI. Por su parte, en Quintana Roo, la aprobación se dio por unanimidad en el Pleno. Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de dicha entidad, destacó que esta medida representa un avance histórico para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, buscando un balance necesario entre la productividad económica y el bienestar familiar y social.

En el estado de Nayarit, los legisladores optaron por un proceso de 'fast track' para agilizar el trámite. Los 30 integrantes de la Cámara de Diputados local avalaron la reforma sin oposición alguna en sesión ordinaria. Los legisladores nayaritas enfatizaron que la nueva normativa no solo garantiza el pago íntegro de horas extraordinarias, sino que prohíbe explícitamente cualquier recorte salarial o de prestaciones sociales derivado del ajuste en los horarios de trabajo, protegiendo así el poder adquisitivo de la clase obrera.

El esquema de implementación propuesto por el Congreso de la Unión no será inmediato, sino escalonado, con el fin de permitir que el sector empresarial y las cadenas productivas se adapten a las nuevas dinámicas operativas sin afectar la estabilidad económica del país. De acuerdo con el dictamen, el año 2026 se ha designado como un periodo de transición y adecuación técnica. La reducción efectiva comenzará formalmente en 2027, restando dos horas por año a la jornada laboral hasta alcanzar el límite constitucional de 40 horas en enero de 2030.

Esta iniciativa busca modificar tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal del Trabajo, estableciendo un precedente fundamental en la defensa de los derechos laborales modernos en el país. Con el visto bueno inicial de Yucatán, Quintana Roo y Nayarit, la reforma espera sumar en las próximas semanas el apoyo de las 14 legislaturas restantes necesarias para alcanzar la mayoría calificada y proceder a su promulgación oficial por parte del Ejecutivo Federal.