La propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México ha encendido las alarmas entre los principales organismos empresariales del país. Aunque el dictamen busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar un mejor equilibrio entre el ámbito personal y profesional, el sector privado ha manifestado su preocupación ante lo que consideran una implementación que no toma en cuenta las diversas realidades económicas de la nación.
Representantes de diversas cámaras de comercio e industria señalaron que la reforma, tal como está planteada actualmente, ignora la marcada heterogeneidad sectorial de la economía mexicana. Los líderes empresariales argumentan que no es posible aplicar un ajuste uniforme en sectores tan dispares como la manufactura automotriz, el sector servicios o las actividades agrícolas, donde la demanda de mano de obra suele ser estacional o requiere de procesos continuos que difícilmente pueden adaptarse a un esquema de cinco días de labor sin una planeación estratégica previa.
Uno de los puntos más críticos señalados por el sector patronal es la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como de los negocios familiares. Según los organismos, estos sectores son los más vulnerables, ya que no cuentan con el músculo financiero ni la estructura organizacional necesaria para absorber el impacto de contratar personal adicional o pagar horas extra para cubrir los turnos restantes. En este sentido, han solicitado formalmente al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal establecer mecanismos de corresponsabilidad que incluyan incentivos fiscales o periodos de transición escalonados.
El contexto actual coloca a México en una posición compleja. Por un lado, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posicionan al país como una de las naciones donde más horas se trabaja al año, lo que justifica la necesidad social de la reforma al Artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, el empresariado insiste en que una transición abrupta y sin apoyos estatales podría incentivar la informalidad laboral, ya que muchos pequeños negocios podrían optar por operar fuera de la ley ante la imposibilidad de costear la nueva carga prestacional.
Finalmente, el sector privado reiteró su disposición al diálogo, pero enfatizó que la competitividad del país está en juego. La exigencia se centra en que la reducción de la semana laboral sea parte de una política integral que promueva la productividad y no solo una medida administrativa que, a largo plazo, pueda afectar el crecimiento económico y la creación de empleos formales en el territorio mexicano.
