En las primeras etapas de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha comenzado a trazar una línea divisoria respecto a uno de los pilares más controvertidos y vigilados del sexenio anterior: la estrategia de seguridad nacional y la relación bilateral con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. Según el análisis del periodista Julio Hernández López en su columna "Astillero", este viraje representa el deslinde más notable, y por momentos estridente, de la mandataria frente a las políticas heredadas de Andrés Manuel López Obrador.
A nivel interno, el cambio se percibe en la táctica de combate al crimen organizado. Mientras que el gobierno anterior se caracterizó por una narrativa de atención a las causas sociales bajo una política de no confrontación directa, la actual administración parece estar reconfigurando sus prioridades operativas. Este ajuste busca responder a la creciente presión social y política por resultados tangibles en la pacificación del país, alejándose de la retórica previa para transitar hacia un esquema que prioriza la inteligencia y la neutralización de grupos delictivos con una mayor determinación.
Sin embargo, el cambio más pragmático se observa en la arena internacional. La relación con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos ha entrado en una fase de cooperación que analistas describen como "cedente". Tras un periodo de tensiones y restricciones severas impuestas a la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, la administración de Sheinbaum muestra señales de una apertura obligada por la realidad geopolítica. Las exigencias de Washington en la lucha contra el tráfico de fentanilo y el control de las estructuras transnacionales de la droga han forzado una colaboración más fluida y coordinada.
Este movimiento estratégico no es menor, pues ocurre en un contexto donde la soberanía nacional ha sido el eje central del discurso político de la llamada Cuarta Transformación. El deslinde analizado sugiere que Sheinbaum reconoce la necesidad de recalibrar la maquinaria del Estado para enfrentar la crisis de violencia, incluso si esto implica modificar la herencia política de su predecesor para adaptarse a las presiones externas y las necesidades de seguridad interior.
Para el sistema político mexicano, esta transición marca un punto de inflexión significativo. El desafío de la presidenta radica en mantener la cohesión de su base política mientras implementa cambios que contrastan con la línea ideológica que predominó en el último sexenio. El rumbo de la seguridad en México y la estabilidad de la relación con el país vecino dependerán de la profundidad y efectividad de este nuevo distanciamiento estratégico en los meses por venir.
