En una sesión que marca un precedente para los derechos de la clase trabajadora en la entidad, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la minuta de reforma al artículo 133 de la Constitución local. Esta modificación establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una de las demandas más sentidas por diversos sectores de la sociedad civil y sindicatos en el país en la búsqueda de un equilibrio entre la vida personal y profesional.
La transición hacia este nuevo modelo no será inmediata, sino que se llevará a cabo de manera progresiva para permitir que las empresas y los sectores productivos mexiquenses ajusten sus dinámicas operativas. Según el calendario detallado durante la lectura de la minuta en Toluca, el proceso de reducción se aplicará anualmente a partir del 1 de enero de cada periodo: en 2026 se mantendrá la jornada de 48 horas como base de ajuste; en 2027 bajará a 46 horas; en 2028 se situará en 44 horas; en 2029 llegará a 42 horas, hasta alcanzar finalmente la meta de las 40 horas semanales el 1 de enero de 2030.
El dictamen aprobado es enfático al señalar la protección del poder adquisitivo de las familias mexiquenses, estipulando que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará una disminución de los sueldos o salarios percibidos. Asimismo, la reforma refuerza los esquemas de descanso y compensación: los trabajadores deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro por cada seis días de labor. En cuanto al tiempo extra, se establece que las horas adicionales se pagarán al 100 por ciento y, si exceden las 12 horas semanales, el excedente deberá cubrirse al 200 por ciento. Además, queda estrictamente prohibido que menores de 18 años realicen labores en tiempo extraordinario.
Durante el desarrollo de la sesión legislativa, además de los temas laborales, se registró un pronunciamiento en materia de seguridad. Los diputados locales hicieron un espacio para reconocer públicamente el operativo realizado por el Ejército Mexicano en contra de la organización criminal liderada por el objetivo conocido como "El Mencho". Este reconocimiento subraya la preocupación de la Legislatura por la situación de violencia que atraviesa la región y el respaldo a las fuerzas armadas en sus tareas de pacificación.
Con esta aprobación, el Estado de México se alinea con las discusiones federales sobre la dignificación del trabajo, posicionándose como una de las entidades que busca modernizar su marco legal para responder a las necesidades de productividad y bienestar social del siglo XXI.


