El proceso judicial por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes se encuentra en un punto crítico. La reanudación de las audiencias ha dejado al descubierto una serie de deficiencias estructurales y presuntas negligencias por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos que amenazan con descarrilar la búsqueda de justicia. A cinco años del crimen que conmocionó al activismo ambiental en México, el juicio se enfrenta a un escenario desolador: la desaparición y muerte de piezas clave del rompecabezas probatorio.
De acuerdo con los reportes judiciales más recientes, tres de los testigos fundamentales para el esclarecimiento del caso ya no podrán rendir declaración ante el juez. El hecho de que estos informantes clave estén muertos o desaparecidos no solo debilita la teoría del caso de la parte acusadora, sino que evidencia la falta de protocolos de protección y la lentitud con la que ha operado la maquinaria judicial en la entidad. Esta situación ha sido señalada por organizaciones civiles y acompañantes legales, quienes denuncian que una investigación deficiente desde su origen ha empantanado el avance del juicio.
A los problemas de fondo se suman obstáculos logísticos y administrativos que rayan en lo burocrático. El sistema judicial de Morelos ha manifestado una incapacidad para agilizar el proceso debido a la falta de salas disponibles para celebrar las audiencias necesarias. Esta carencia técnica proyecta que el juicio podría prolongarse mucho más allá del mes de marzo, postergando indefinidamente el veredicto para un caso que es emblemático en la lucha por la defensa de la tierra en el centro del país.
Samir Flores, quien fuera uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) y a la termoeléctrica de Huexca, fue asesinado en febrero de 2019 a las afueras de su domicilio en la comunidad de Amilcingo. Su muerte ocurrió en un contexto de alta tensión política, apenas días antes de una consulta ciudadana impulsada por el gobierno federal sobre la operación de la planta. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan los defensores comunitarios en México.
La parálisis del juicio no solo representa un golpe para la familia de Flores Soberanes y sus seguidores, sino que profundiza la crisis de impunidad que rodea a los crímenes contra defensores de derechos humanos. Mientras las audiencias se reprograman y la evidencia parece diluirse por el paso del tiempo y la falta de resguardo de los testimonios, la resolución del caso se aleja, dejando en evidencia las grietas de un sistema de procuración de justicia que parece haber fallado desde su inicio.
