David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), oficializó su intención de buscar la reelección para el periodo 2026-2034. El funcionario acudió a las instalaciones de la Cámara de Diputados para entregar su documentación ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, buscando asegurar ocho años adicionales al frente del máximo órgano de fiscalización en México.
Colmenares, quien asumió la titularidad de la ASF en marzo de 2018, concluirá su mandato actual en marzo de 2026. A pesar de las controversias que han marcado su gestión y los señalamientos previos sobre el trato de los medios de comunicación hacia su labor, el auditor optó por el hermetismo durante su registro en San Lázaro, retirándose del recinto legislativo sin emitir declaraciones adicionales a la prensa.
El proceso de selección se perfila como una contienda de alto perfil técnico y político. Hasta el momento, se han registrado 25 personas interesadas en encabezar la institución. Entre los nombres de mayor relevancia que compiten con Colmenares destacan María de la Luz Mijangos Borja, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR, y Emilio Barriga, quien se desempeñó como auditor de Gasto Federalizado dentro de la misma ASF.
La convocatoria para la recepción de candidaturas cerrará formalmente el próximo 28 de febrero. A partir de esa fecha, los legisladores de la Comisión de Vigilancia iniciarán el análisis de los perfiles para determinar quién posee la experiencia y autonomía necesaria para dirigir el brazo técnico de la Cámara de Diputados, encargado de auditar el uso del erario público en los tres niveles de gobierno.
La gestión de Colmenares ha sido objeto de intenso escrutinio, particularmente tras las diferencias metodológicas en la auditoría del costo de cancelación del Aeropuerto de Texcoco y los informes sobre programas emblemáticos del actual gobierno. Su búsqueda por la reelección ocurre en un momento clave para la rendición de cuentas en el país, donde la autonomía de los órganos fiscalizadores se mantiene bajo el foco de la opinión pública y los actores políticos.
