La tensión política en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la denuncia de allanamientos ilegales dirigidos contra el equipo de trabajo de María Corina Machado, figura central de la oposición y recientemente reconocida por su labor en favor de la democracia. A través de un comunicado oficial emitido por el partido Vente Venezuela, se informó que fuerzas de seguridad del Estado ingresaron a la vivienda de la asistente de Magalli Meda, una de las colaboradoras más estrechas de la dirigente.
Este incidente no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostigamiento que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. La organización política subrayó la continuidad de estas acciones punitivas: "La semana pasada fue la vivienda de nuestra compañera y dirigente Magalli Meda y ahora es la casa de su asistente", señaló Vente Venezuela. Meda, quien funge como jefa de campaña de Machado, ha sido objeto de diversas investigaciones judiciales por parte del gobierno venezolano, lo que la ha llevado a buscar protección diplomática junto a otros miembros de la disidencia.
El equipo de Machado ha calificado estas maniobras como una "venganza política" directa contra el entorno de la líder opositora, quien ha sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz. Para observadores internacionales, estas medidas tácticas buscan desarticular la estructura organizativa de la oposición mediante la intimidación de figuras secundarias y personal administrativo, enviando un mensaje de vulnerabilidad a todo aquel que colabore con la causa democrática en el país caribeño.
En el contexto mexicano, la situación en Venezuela es seguida con especial atención tanto por la Secretaría de Relaciones Exteriores como por diversas organizaciones civiles. México ha sido históricamente un espacio de diálogo para la crisis venezolana, y el recrudecimiento de las acciones contra los derechos humanos y las garantías individuales genera preocupación sobre la viabilidad de procesos electorales libres y justos en la región. El asedio a las viviendas particulares sin el debido proceso representa una violación flagrante a los tratados internacionales que ambos países suscriben.
Hasta el momento, las autoridades judiciales venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial que justifique legalmente estos allanamientos. Mientras tanto, la dirigencia de Vente Venezuela mantiene su denuncia ante organismos internacionales, exigiendo el cese inmediato de la persecución política y el respeto a la integridad física de sus integrantes, en un escenario donde la criminalización de la oposición parece ser la herramienta principal de control estatal.
