OAXACA, OAX.- Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos defensores de los derechos humanos han alzado la voz para exigir una investigación inmediata, profunda y transparente tras el reporte del fallecimiento de niñas migrantes al interior de un albergue administrado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca. El caso ha generado una profunda indignación social al destapar presuntas condiciones de maltrato y negligencia institucional.
Las denuncias, que han cobrado relevancia nacional a través de diversos medios de comunicación, no solo se limitan al trágico deceso de las menores, sino que exponen un panorama desolador de abusos físicos, psicológicos y casos de explotación infantil dentro de las instalaciones gubernamentales. De acuerdo con los pronunciamientos de los activistas, estos hechos constituyen violaciones flagrantes y sistemáticas a los tratados internacionales de protección a la infancia, así como a las leyes mexicanas que garantizan el interés superior de la niñez.
Representantes de las organizaciones civiles sostuvieron que las condiciones en los centros de asistencia social del estado de Oaxaca son críticas. En un comunicado conjunto, enfatizaron que las omisiones por parte de las autoridades locales han permitido un entorno de vulnerabilidad extrema para los menores no acompañados y familias migrantes que transitan por la entidad en su trayecto hacia el norte del país. “Las denuncias constituyen graves violaciones a los derechos de las infancias, adolescencias y jóvenes”, recalcaron, subrayando que el Estado ha fallado en su deber de protección.
El caso pone bajo la lupa la operación del DIF Estatal Oaxaca, institución cuyo mandato primordial es el resguardo y bienestar de los sectores más vulnerables. Sin embargo, los testimonios recabados por las organizaciones sugieren que las víctimas se encontraban en un entorno de desprotección absoluta. Ante la gravedad de las acusaciones, los colectivos han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para deslindar responsabilidades.
Oaxaca se mantiene como un punto neurálgico en la ruta migratoria de miles de personas centro y sudamericanas. Este incidente subraya la urgencia de revisar los protocolos de acogida y la vigilancia en los albergues públicos. La comunidad internacional y los defensores de migrantes permanecen a la espera de una respuesta oficial contundente que garantice que estos hechos no queden en la impunidad y que se tomen medidas preventivas para salvaguardar la vida de otros menores bajo custodia del Estado.
