El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) ha alzado la voz para manifestar su "más profunda indignación" ante el trágico fallecimiento de dos niñas de nacionalidad haitiana en el estado de Oaxaca. Los cuerpos de las menores fueron localizados en una fosa séptica dentro del Centro de Asistencia Social de tránsito denominado “Casa Pato”, una instalación administrada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Ante la gravedad de los hechos, la organización civil exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que realice una investigación exhaustiva, pronta y transparente que permita deslindar responsabilidades penales y administrativas. El Imumi enfatizó una premisa fundamental que resuena con fuerza en el contexto actual: "migrar no debe costar la vida", especialmente cuando las personas se encuentran bajo la protección directa de instituciones gubernamentales.

En un comunicado oficial, la ONG recordó que las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana son sujetos plenos de derechos. Subrayaron que el Estado mexicano tiene la obligación legal, moral e internacional de garantizar su vida, integridad física y seguridad. El hallazgo de las menores en una fosa séptica dentro de un recinto oficial pone bajo la lupa los protocolos de vigilancia, las condiciones de infraestructura y la capacidad del personal encargado de la protección a la infancia en el estado.

Este lamentable incidente no representa un hecho aislado en el historial de las autoridades mexicanas. La organización señaló que existe un patrón de negligencia, recordando que en mayo de 2019 una niña de origen guatemalteco murió mientras se encontraba bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) en una estación migratoria de la Ciudad de México. Estos antecedentes refuerzan la exigencia de que no haya impunidad en el caso de Oaxaca.

La tragedia en “Casa Pato” ocurre en un momento crítico para la entidad, que se ha consolidado como un paso obligado para miles de personas en tránsito hacia el norte del país. La falta de condiciones dignas y seguras en los centros de asistencia social gestionados por el DIF estatal ha sido una preocupación constante para defensores de derechos humanos, quienes ahora ven confirmados sus peores temores.

Finalmente, el Imumi reiteró que la seguridad de las infancias migrantes debe ser una prioridad absoluta. La sociedad civil y diversos organismos internacionales permanecen a la espera de un informe oficial detallado por parte del gobierno oaxaqueño que aclare cómo fue posible que dos menores de edad perdieran la vida de forma tan atroz dentro de una institución cuya misión principal es, irónicamente, su protección.