La consolidación del llamado “segundo piso de la transformación” enfrenta su primer gran desafío interno en el Congreso de la Unión. Lo que parecía un camino despejado para la aprobación de la ambiciosa reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha topado con un muro levantado por sus propios aliados: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
En un giro inesperado para la cúpula de Morena, el Partido Verde ha anunciado formalmente que no aceptará la iniciativa en sus términos actuales y que presentará una contrapropuesta de reforma. Esta postura no es menor, ya que el partido del tucán busca proteger intereses específicos relacionados con el financiamiento y la distribución de votos, elementos que consideran vitales para su supervivencia política a largo plazo.
Por otro lado, la situación con el PT se desarrolla bajo un hermetismo que ha encendido las alarmas en Palacio Nacional. De acuerdo con fuentes legislativas, la dirigencia petista ha advertido en reuniones privadas que no está dispuesta a acompañar los cambios clave de la reforma, argumentando que ciertas modificaciones podrían debilitar la representación de las minorías en las cámaras, un espacio que el PT ha defendido históricamente.
La relevancia de este distanciamiento radica en la aritmética parlamentaria. Para que una reforma de carácter constitucional sea aprobada, el bloque oficialista requiere de una mayoría calificada, equivalente a dos terceras partes de los votos. Sin el respaldo total y cohesionado del PVEM y el PT, Morena pierde el margen de maniobra necesario para sacar adelante el proyecto sin necesidad de negociar con la oposición.
Este escenario obliga a los operadores políticos de Sheinbaum en San Lázaro y el Senado a iniciar una fase de negociación intensa. El reto será conciliar las exigencias de supervivencia de los aliados con el espíritu de austeridad y transformación del sistema electoral que propone la presidencia. Lo que está en juego no es solo una ley, sino la cohesión del bloque gobernante frente a futuras reformas estructurales.
El desarrollo de estas tensiones internas definirá si la reforma electoral podrá transitar en el periodo legislativo actual o si quedará congelada en las comisiones, evidenciando que, dentro de la Cuarta Transformación, la lealtad de los aliados tiene condiciones muy específicas.
