La gobernabilidad de la llamada “Cuarta Transformación” enfrenta su primer gran desafío interno bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de la contundente victoria electoral de junio pasado, la cohesión del bloque oficialista se ha visto comprometida por las recientes posturas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes han puesto en vilo la aprobación de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

El PVEM ha dado un paso al frente al anunciar formalmente que presentará una contrapropuesta de reforma. Esta decisión sugiere que el partido no está dispuesto a aceptar los términos originales enviados desde la Presidencia, especialmente en aquellos puntos que podrían alterar el actual sistema de partidos o comprometer su cuota de poder en los órganos electorales. Por su parte, el Partido del Trabajo ha mantenido una postura más discreta pero igualmente firme, advirtiendo en reuniones privadas que no acompañará los cambios clave que el oficialismo pretende impulsar.

La relevancia de este distanciamiento radica en las matemáticas legislativas del Congreso de la Unión. Para que una reforma de carácter constitucional sea aprobada, el bloque oficialista requiere de una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras. Sin el respaldo total de los legisladores del Verde y del PT, Morena se quedaría corto en las cifras necesarias, otorgando de facto un poder de veto a sus propios aliados y obligando a una negociación que no estaba en los planes originales de Palacio Nacional.

Este escenario abre un periodo de intensa operación política en San Lázaro. Mientras Sheinbaum busca consolidar una reforma que, según el discurso oficial, busca la austeridad y la eficiencia del sistema democrático, sus aliados estratégicos parecen priorizar la protección de los mecanismos que garantizan su supervivencia y financiamiento como minorías relevantes.

La situación pone de manifiesto que la alianza oficialista no es un bloque monolítico y que la agenda legislativa de la mandataria tendrá que pasar por el filtro del consenso interno antes de enfrentar a la oposición. El desenlace de esta pugna determinará no solo el futuro del sistema electoral mexicano, sino también la solidez de la coalición gobernante frente a las próximas reformas estructurales del sexenio.