QUITO, ECUADOR – En una respuesta enérgica ante la opinión pública internacional, el Gobierno de Ecuador desestimó de manera categórica las recientes declaraciones de Wilmer Chavarría, conocido bajo el alias de ‘Pipo’, quien ha intentado vincular directamente al presidente Daniel Noboa con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen ocurrido en agosto de 2023.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, calificó estas imputaciones como un "disparate" absoluto. Durante su intervención, el funcionario enfatizó que el testimonio del narcotraficante carece de cualquier fundamento sólido y representa un ataque frontal a la institucionalidad del país. Según Reimberg, estas narrativas son intentos desesperados por parte de grupos criminales para desestabilizar el orden democrático y manchar la imagen del actual mandatario en un momento de alta tensión política.

Las acusaciones de ‘Pipo’ surgen en un contexto judicial determinante, específicamente dentro del marco de un proceso de extradición que involucra al líder delictivo. Para las autoridades en Quito, esta maniobra no es más que una táctica recurrente entre cabecillas de organizaciones criminales que buscan obtener beneficios procesales o dilatar su entrega a la justicia mediante la creación de cortinas de humo mediáticas.

Por su parte, las hijas de Fernando Villavicencio han alzado la voz para defender la integridad de la investigación sobre la muerte de su padre. En declaraciones recientes, las jóvenes señalaron que los dichos de Chavarría son un intento deliberado por "evadir la justicia" y, al mismo tiempo, realizar un ejercicio para "lavar la cara al correísmo". La familia del político fallecido advirtió que no permitirán que el caso sea utilizado como una herramienta de propaganda política para favorecer a sectores opuestos al actual gobierno.

Para los lectores en México, esta situación resuena con los desafíos de seguridad y violencia política que enfrenta la región. El magnicidio de Villavicencio marcó un antes y un después en la democracia sudamericana, evidenciando cómo el crimen organizado busca interferir en los procesos electorales, una problemática que también ha golpeado duramente al territorio mexicano en años recientes.

El gobierno de Daniel Noboa ha reiterado que las investigaciones continuarán bajo estricto apego a la ley, asegurando que no se dejarán amedrentar por declaraciones de figuras delictivas que buscan impunidad a través de la calumnia y el caos informativo.