Ciudad de México — Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió la legalidad en el proceso de designación de los mandos directivos del organismo y rechazó la existencia de un conflicto de interés tras el reciente nombramiento de Jesús Octavio García González como titular de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA).
Al finalizar la sesión del Consejo General celebrada este jueves, Taddei fue cuestionada sobre la trayectoria de García González, quien anteriormente se desempeñó como representante legal de la empresa Cajas Graf SA de CV. Dicha compañía obtuvo un contrato por 46 millones de pesos en 2021 por parte del Instituto Electoral de Sonora, institución que en aquel entonces era presidida por la propia Taddei Zavala. Ante las interrogantes sobre si esta relación previa comprometía la imparcialidad en el INE, la funcionaria aseguró que la institución cuenta con filtros rigurosos que fueron debidamente agotados.
“El Instituto Nacional Electoral cuenta con mecanismos propios para regular el ingreso a la propia institución. Estos mecanismos fueron cubiertos”, puntualizó la consejera presidenta. No obstante, aclaró que la instancia encargada de emitir un veredicto final sobre cualquier posible irregularidad administrativa será el Órgano Interno de Control (OIC). Según Taddei, las revisiones iniciales no muestran señales de conflicto, pero instó a esperar los resultados de las auditorías correspondientes para garantizar la transparencia ante la ciudadanía.
Este nombramiento resulta de alta relevancia para el contexto político mexicano actual, dado que la Dirección Ejecutiva de Administración es la oficina responsable de gestionar los cuantiosos recursos financieros y materiales del INE, en un momento donde el presupuesto del organismo y su estructura operativa se encuentran bajo el escrutinio del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en el marco de las propuestas de reforma electoral.
Por otra parte, la consejera presidenta también abordó la polémica surgida en torno a la camioneta blindada marca BMW en la que se transporta. Al respecto, Taddei fue enfática al señalar que el vehículo no es propiedad del Instituto Nacional Electoral, deslindando así el gasto de adquisición y mantenimiento del presupuesto público asignado a la autoridad electoral.
Con estas declaraciones, la presidenta del INE busca cerrar las controversias sobre su gestión administrativa, reiterando que la solidez institucional del INE permite que todos los procesos internos, desde las contrataciones hasta el uso de recursos, sean auditables y transparentes para la opinión pública.
