En un hecho sin precedentes para la vida institucional de México, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se trasladará este martes al municipio chiapaneco de Tenejapa. El objetivo es analizar y definir un asunto de trascendencia nacional: el reconocimiento de los gobiernos comunitarios indígenas como un cuarto orden de gobierno, sumándose a las estructuras federal, estatal y municipal ya existentes.

La sesión, que se llevará a cabo en la Explanada de la Casa de la Cultura, marca la primera vez que el máximo tribunal del país sesiona fuera de la Ciudad de México. El proyecto está a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propone otorgar un amparo a la comunidad tzotzil de La Candelaria. Esta población indígena busca ejercer su derecho al autogobierno, lo que implica no solo la autonomía política, sino también la facultad de administrar y ejecutar su propio presupuesto público.

En su propuesta, la ministra Ortiz Ahlf señala una omisión directa por parte del Congreso del Estado de Chiapas. La togada argumenta que el Poder Legislativo local ha fallado en atender la petición de la comunidad, por lo que el fallo ordenaría la creación de leyes o la adecuación de las ya existentes para instrumentalizar el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía institucional.

La argumentación jurídica de la ministra subraya que la obligación de reconocer estos derechos no es una novedad jurídica derivada únicamente de la reciente reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Por el contrario, recuerda que el Estado mexicano tiene este deber positivo desde la reforma al artículo segundo constitucional del año 2001, además de los compromisos internacionales vigentes.

Entre estos fundamentos se encuentran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las declaraciones de las Naciones Unidas y de la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas. Todos estos instrumentos internacionales, ratificados por México, exigen una adecuación institucional que permita hacer efectiva la libre determinación.

De aprobarse este proyecto, se sentaría un precedente histórico para el federalismo mexicano, transformando la relación entre el Estado y los pueblos originarios al validar una estructura de gobernanza que respeta sus usos, costumbres y capacidad de administración directa frente a la Federación.