Tras seis años de reclamos de justicia que resonaron a nivel internacional, el sistema judicial brasileño ha emitido finalmente las sentencias condenatorias contra los exoficiales de policía Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz por el brutal asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, ocurrido en marzo de 2018. El fallo representa un hito en la lucha contra la impunidad en Brasil, un país que, al igual que México, enfrenta graves retos en la protección de sus defensores de derechos humanos.
El juicio reveló que el móvil del crimen fue estrictamente político y territorial. Franco, una figura ascendente que representaba a las minorías y a los sectores más vulnerables de las favelas, se había convertido en un obstáculo para los intereses de grupos paramilitares conocidos como 'milicias'. La investigación confirmó que el asesinato fue detonado por la resistencia frontal de la concejala contra una propuesta de ley que buscaba legalizar condominios irregulares en la zona oeste de Río de Janeiro, una región históricamente controlada por estos grupos criminales.
De acuerdo con la resolución, los ejecutores planearon el ataque meticulosamente. Ronnie Lessa, autor de los disparos, recibió una condena de 78 años y nueve meses de prisión, mientras que Élcio de Queiroz, quien conducía el vehículo desde el cual se perpetró la emboscada, fue sentenciado a 59 años y ocho meses. Ambos habían confesado su participación tras un acuerdo de delación premiada que permitió identificar no solo la logística del atentado, sino también a los presuntos autores intelectuales, quienes aún enfrentan procesos judiciales por separado.
Para los observadores en México, este caso guarda paralelismos alarmantes con la situación de los activistas y líderes locales en territorio mexicano. La vulnerabilidad de quienes se oponen a proyectos inmobiliarios opacos o al control territorial del crimen organizado es una realidad compartida en ambas naciones latinoamericanas. La resolución del caso Franco subraya la importancia de contar con fiscalías independientes capaces de desarticular redes que vinculan a la política con el crimen.
La sentencia de Lessa y Queiroz no marca el fin de la búsqueda de justicia, sino un paso fundamental. La sociedad civil brasileña y organizaciones internacionales advierten que, mientras no se sancione con la misma severidad a los intelectuales que ordenaron el crimen, el mensaje de seguridad para los activistas seguirá siendo incompleto. Por ahora, el veredicto ofrece un respiro a una sociedad que hizo del nombre de Marielle Franco una bandera contra la violencia política y el autoritarismo.
