En una resolución que marca un hito para la justicia en Brasil, un tribunal ha dictado sentencia condenatoria contra un ex legislador implicado en el asesinato de Marielle Franco, la reconocida defensora de derechos humanos y concejala de Río de Janeiro. El crimen, ocurrido en marzo de 2018, no solo estremeció a la sociedad brasileña, sino que generó una ola de indignación que resonó en todo el mundo, convirtiendo a Franco en un símbolo global de la lucha contra la opresión.
Marielle Franco era considerada una estrella en ascenso en la política brasileña. Como mujer negra, originaria de las favelas y defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, su labor se centró en denunciar la violencia policial y los abusos cometidos por las milicias paramilitares que controlan diversos sectores de Río de Janeiro. Su asesinato, ejecutado en un operativo tipo emboscada donde también perdió la vida su chofer, Anderson Gomes, fue interpretado desde el inicio como un ataque directo a la democracia y a la representación de las minorías en las instituciones públicas.
Para los lectores en México, el caso de Marielle Franco guarda paralelismos significativos con la situación de violencia que enfrentan activistas y políticos locales. Franco no era solo una funcionaria; era una voz disruptiva que desafiaba las estructuras de poder tradicionales y los vínculos entre el crimen organizado y la política. La condena del ex legislador subraya la compleja red de complicidades que durante años obstaculizó la investigación, la cual pasó por múltiples cambios de mando y presuntos intentos de obstrucción judicial.
El proceso judicial ha sido seguido de cerca por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU, que han señalado este veredicto como un avance necesario, aunque tardío. La sentencia envía un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas, incluso para aquellos que ocupan o han ocupado puestos de poder legislativo. No obstante, los colectivos de derechos humanos advierten que la justicia no estará completa hasta que se identifique y sancione a todos los involucrados en la cadena de mando que ordenó el magnicidio.
Este fallo judicial ocurre en un momento de alta polarización en Brasil, donde la figura de Marielle sigue siendo un estandarte de resistencia para los movimientos sociales. Con esta condena, se cierra uno de los capítulos más dolorosos de la política contemporánea sudamericana, aunque la lucha por la seguridad de quienes defienden los derechos humanos continúa siendo un desafío pendiente en toda la región.
