El depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha solicitado formalmente a un tribunal federal de Estados Unidos la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción que pesan en su contra. La petición, presentada por su abogado Barry Pollack, surge como respuesta a la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para otorgar una licencia que permita al gobierno de Venezuela financiar su representación legal.
De acuerdo con la moción presentada en la plataforma judicial estadounidense, la defensa argumenta que la postura del Departamento del Tesoro interfiere directamente con los derechos protegidos por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pollack sostiene que, al impedir que Maduro utilice fondos venezolanos para costear sus honorarios, el gobierno de Washington está vulnerando el derecho del acusado a contar con el abogado de su elección y a recibir un debido proceso.
La documentación incluye una declaración jurada del propio Maduro, en la que afirma que tiene el derecho legítimo de que el Estado venezolano cubra los costos de su defensa. Asimismo, el político asegura no poseer los recursos económicos personales necesarios para financiar un litigio de tal magnitud en territorio estadounidense, ofreciendo presentar pruebas de su situación financiera si el tribunal así lo requiere.
Por su parte, Barry Pollack lanzó un ultimátum ante el juez Alvin Hellerstein: si el caso no es desestimado o si no se autoriza el pago a través de fondos estatales, solicitará su retiro oficial como defensor. Pollack denunció una presunta incongruencia en la política de la administración estadounidense, señalando que mientras se permiten diversas transacciones comerciales con Venezuela, se bloquea el acceso a recursos "no contaminados" destinados a garantizar una defensa técnica legítima.
Este desarrollo legal se produce en un contexto de alta sensibilidad diplomática para la región, incluido México. El gobierno mexicano ha mantenido históricamente una postura de observación y mediación ante la crisis venezolana, por lo que el desenlace de este juicio es monitoreado de cerca por la cancillería debido a sus implicaciones en la justicia transnacional y la estabilidad política del hemisferio. Hasta el momento, el tribunal no ha emitido una resolución definitiva sobre la moción de la defensa.
