En un nuevo episodio de las complejas tensiones legales entre Caracas y Washington, la defensa legal de Nicolás Maduro ha solicitado formalmente la desestimación de los cargos por narcotráfico y corrupción que el mandatario enfrenta en la justicia de Estados Unidos. Esta petición surge como respuesta directa a la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de negar una licencia que permitiría utilizar recursos del Estado venezolano para financiar su representación jurídica.

Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, presentó el recurso ante las autoridades judiciales estadounidenses argumentando que la negativa del Departamento del Tesoro impide el ejercicio de una defensa técnica adecuada. Según el litigante, la OFAC se ha mantenido firme en su postura de no reconsiderar la licencia, lo que deja al equipo legal sin la vía económica necesaria para operar, dada la situación de sanciones y el congelamiento de activos que pesan sobre el gobierno de Venezuela.

El argumento central de la defensa radica en que, al bloquearse los fondos destinados al pago de honorarios, se vulneran principios fundamentales del proceso penal. Pollack sostiene que, si el gobierno de Estados Unidos imposibilita de manera administrativa el pago de una defensa privada, el caso penal debería ser desechado para evitar un juicio viciado por la falta de paridad de armas y representación.

Este caso es de especial relevancia para la región, incluido México, debido a las implicaciones diplomáticas y de seguridad que conlleva. Mientras que la administración estadounidense mantiene una política de presión máxima mediante sanciones económicas, la resolución de este juicio en tribunales neoyorquinos es seguida de cerca por las cancillerías latinoamericanas, que evalúan el impacto de estos procesos en la estabilidad política del hemisferio y en los acuerdos de cooperación judicial internacional.

Las acusaciones contra Maduro, que incluyen cargos de conspiración para el narco-terrorismo y corrupción, forman parte de un expediente abierto hace varios años que busca vincular a la cúpula del poder venezolano con actividades ilícitas transnacionales. Sin embargo, con este nuevo bloqueo financiero, el proceso entra en un limbo jurídico donde el juez de la causa deberá ponderar si las sanciones del Ejecutivo pueden prevalecer sobre el derecho constitucional a una defensa en un juicio criminal.