BUENOS AIRES – En una sesión marcada por intensos debates y una fuerte polarización política, el Senado de la Nación Argentina aprobó formalmente una ambiciosa y controvertida reforma a la Ley de Glaciares. Esta normativa, que desde su origen ha sido considerada un pilar fundamental para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce en el país sudamericano, enfrenta ahora un cambio de paradigma que ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad civil.
El proyecto, impulsado decididamente por el bloque oficialista, tiene como objetivo central modificar los criterios de protección de las zonas glaciares y periglaciares. Según los promotores de la iniciativa, estos ajustes son necesarios para dinamizar la economía y facilitar la llegada de inversiones en sectores clave como la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de alta montaña. Sin embargo, el núcleo de la controversia radica en que la nueva redacción reduciría el inventario de áreas protegidas, dejando ecosistemas vulnerables a merced de la actividad industrial.
Organizaciones ambientales, académicos y colectivos ciudadanos han manifestado su rechazo absoluto, argumentando que la reforma atenta directamente contra el derecho humano al agua. Los críticos sostienen que, en un contexto de crisis climática global, debilitar la protección de los glaciares —que funcionan como reservorios naturales y reguladores de las cuencas hídricas— es un error histórico que pone en riesgo el suministro de agua para el consumo humano y las actividades agropecuarias de las futuras generaciones.
Para el lector en México, esta situación guarda paralelismos significativos con las discusiones nacionales sobre la Ley General de Aguas y la protección de recursos naturales frente a megaproyectos. Al igual que Argentina, México atraviesa desafíos críticos de seguridad hídrica y estrés hídrico en estados del norte y centro. La decisión del Senado argentino resuena como un recordatorio de la fragilidad de los marcos legales ambientales cuando se enfrentan a presiones de desarrollo económico inmediato, un debate que sigue vigente en la agenda pública mexicana respecto a la explotación de mantos acuíferos y zonas protegidas.
Expertos en derecho ambiental advierten que esta reforma podría desencadenar una ola de amparos y recursos legales ante la Corte Suprema, mientras que diversas organizaciones civiles ya han convocado a movilizaciones en las principales ciudades argentinas. La aprobación de esta ley sitúa a Argentina en el centro de un intenso escrutinio internacional sobre el equilibrio entre la soberanía económica y la responsabilidad ambiental en el siglo XXI.
