La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tomado medidas contundentes en el estado de Hidalgo tras la difusión de graves acusaciones de maltrato infantil en un jardín de niños del municipio de Tizayuca. Una docente, cuya identidad se mantiene bajo reserva por el proceso legal en curso, fue separada de su cargo de manera inmediata tras ser señalada por violentar la integridad física y emocional de alumnos de apenas tres años de edad.
De acuerdo con los reportes de las autoridades educativas y las denuncias presentadas por padres de familia, la profesora es acusada de implementar castigos inhumanos que incluían encerrar a los menores en espacios aislados y, en casos extremos, mantenerlos amarrados durante la jornada escolar. Estos hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones del plantel, lo que ha generado una profunda indignación entre la comunidad local y un llamado urgente a revisar los protocolos de supervisión docente.
La dependencia estatal informó que la separación de la maestra es una medida precautoria que permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones pertinentes. El protocolo de actuación ante casos de violencia en el entorno escolar dicta que el personal señalado debe ser retirado del contacto con los estudiantes para garantizar la seguridad de los mismos y permitir que las indagatorias se realicen de forma transparente y sin obstrucciones.
En México, el principio del Interés Superior de la Niñez obliga a las instituciones educativas a actuar de forma expedita ante cualquier indicio de vulneración de derechos. En este sentido, la SEP en Hidalgo enfatizó que no se tolerará ningún acto que atente contra la seguridad de los alumnos en las aulas. Por su parte, se espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) intervenga para determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades de carácter penal por el delito de maltrato infantil y lo que resulte.
El municipio de Tizayuca, ubicado en la zona limítrofe entre Hidalgo y el Estado de México, ha estado bajo el escrutinio público en meses recientes debido a diversos retos en materia de seguridad y servicios sociales. Este incidente en el sector educativo refuerza la demanda de los padres de familia por una mayor vigilancia y la aplicación de exámenes psicométricos más rigurosos para el personal que labora en el nivel preescolar, etapa fundamental para el desarrollo humano.
