La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha determinado la separación inmediata de su cargo a una docente de educación preescolar en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. La medida responde a una serie de graves acusaciones presentadas por padres de familia, quienes señalan a la profesora de ejercer violencia física y psicológica contra alumnos de apenas tres años de edad.

De acuerdo con los reportes oficiales y los testimonios recabados en la zona, la docente habría incurrido en prácticas inhumanas que atentan contra la integridad de los menores, tales como encerrarlos en áreas aisladas y mantenerlos amarrados durante la jornada escolar. Estos hechos, que han causado una profunda indignación entre los habitantes de la región hidalguense, motivaron la intervención directa de las autoridades educativas del estado para salvaguardar el bienestar de los infantes involucrados.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que la suspensión de la docente se mantendrá vigente mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. El protocolo de actuación ante casos de presunto maltrato infantil en las escuelas públicas del estado dicta que el personal señalado debe ser retirado de las aulas de manera precautoria. Esta acción busca evitar cualquier riesgo adicional para los estudiantes y permitir que el proceso de indagatoria se realice de manera transparente y sin obstrucciones.

Representantes de la dependencia estatal subrayaron que existe una política de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere el desarrollo físico o emocional de las niñas y los niños en los planteles educativos. Asimismo, se dio a conocer que se brindará acompañamiento psicopedagógico a los menores afectados y se mantendrá una comunicación abierta con los padres de familia para dar seguimiento puntual al caso, garantizando que se apliquen las sanciones administrativas o legales pertinentes en caso de confirmarse las agresiones.

Por su parte, la comunidad de Tizayuca permanece atenta a la resolución del caso. Los padres de familia han solicitado que se refuercen los mecanismos de supervisión del personal docente y se instalen protocolos de vigilancia más estrictos para prevenir situaciones similares en el futuro. Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la docente y el nombre del plantel para proteger el debido proceso y la privacidad de las víctimas menores de edad.