En un movimiento estratégico para redefinir el panorama democrático del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión una ambiciosa iniciativa de reforma electoral. El proyecto se centra en dos ejes principales: la implementación de una política de austeridad en los comicios y la eliminación de las designaciones directas de legisladores a través de las denominadas "listas partidarias".
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que la propuesta busca una reducción del 25 por ciento en los costos de los procesos electorales, bajo la premisa de que es posible organizar elecciones eficientes con menor gasto público. En el ámbito legislativo, la reforma plantea cambios profundos: la eliminación de 32 escaños plurinominales en el Senado de la República y una transformación radical en la Cámara de Diputados. Para esta última, se propone que los 200 lugares de representación proporcional dejen de ser decididos por las cúpulas de los partidos y sean asignados mediante el voto popular directo.
Sheinbaum Pardo defendió la medida como una respuesta directa a la demanda ciudadana de eliminar las "burocracias partidarias" y los privilegios políticos. “Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien; quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues la gente lo va a señalar”, sentenció la jefa del Ejecutivo, enviando un mensaje claro a las bancadas de oposición que han criticado anteriormente sus propuestas de reforma.
Al ser consultada sobre si un eventual rechazo de la iniciativa en el Congreso representaría el primer fracaso de su administración, la presidenta rechazó categóricamente esa visión. Por el contrario, calificó el envío de la reforma como una "victoria", argumentando que su gobierno está cumpliendo con sus promesas y negándose a ceder ante presiones o negociaciones que busquen mantener el statu quo. “La gente va a decir: la Presidenta cumplió. No cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para que todo mundo estuviera de acuerdo”, afirmó.
Finalmente, la mandataria abordó la discusión sobre el fuero constitucional, admitiendo que tras un debate intenso se decidió no incluir modificaciones a esta figura en la iniciativa actual. Aunque reiteró su postura personal en contra de la inmunidad procesal, aclaró que el marco legal vigente no impide que un legislador sea juzgado. Con este anuncio, el gobierno federal establece la agenda política para la próxima semana, poniendo a prueba la cohesión de sus alianzas y la resistencia de los bloques opositores en el Poder Legislativo.
