La administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha delineado los ejes fundamentales de su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que retoma el impulso de transformación institucional y austeridad que ha marcado la agenda política reciente en México. El proyecto, que se articula a través de 10 puntos clave, tiene como objetivos primordiales la optimización del gasto público en procesos democráticos y una reconfiguración de la representación legislativa en el Congreso de la Unión.
Uno de los pilares más significativos de esta reforma es la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales. Según el planteamiento oficial, esta medida busca que la representación ciudadana sea directa, eliminando los escaños que actualmente se asignan mediante listas de representación proporcional de los partidos políticos. Con esta modificación, se pretende reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 300, mientras que el Senado pasaría de 128 a solo 64 escaños, simplificando la estructura del Poder Legislativo y generando un ahorro considerable en salarios, dietas y gastos operativos.
En materia financiera, la propuesta de Sheinbaum apuesta por consolidar una democracia menos costosa para el erario. Esto implica una reducción sustancial en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos públicos locales electorales. Asimismo, la reforma contempla un recorte al financiamiento público que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias, bajo la premisa de que el sistema electoral mexicano requiere una optimización urgente bajo los principios de la austeridad republicana.
Además de los recortes financieros, la iniciativa propone cambios estructurales en la designación de las autoridades electorales. Se plantea que tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante el voto popular, previo proceso de postulación de candidatos por parte de los tres poderes de la Unión. Esta medida busca, según la visión del Ejecutivo, dotar de mayor legitimidad y autonomía a quienes fungen como árbitros en las contiendas electorales del país.
Con este paquete de reformas, el gobierno de la Ciudad de México busca transformar la arquitectura democrática nacional, eliminando lo que califican como privilegios burocráticos y fortaleciendo el sufragio directo. El debate legislativo que se avecina será crucial para definir el rumbo de las instituciones encargadas de organizar y calificar los comicios en los próximos años.
