La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha dado un paso determinante en la judicialización del caso que conmocionó a la entidad el pasado 24 de febrero de 2026. Un total de 24 personas han sido formalmente imputadas por los delitos de secuestro y violencia política contra las mujeres por razón de género, tras la privación ilegal de la libertad de Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo.

Los hechos, que pusieron en jaque la seguridad del recinto legislativo estatal, ocurrieron durante una sesión de la LXVI Legislatura en la que se debatía la posible revocación de mandato de la alcaldesa. Tras confirmarse la votación que desestimaba dicha propuesta, un grupo de inconformes irrumpió violentamente en el salón de sesiones, superando los filtros de seguridad y confrontando directamente a los legisladores presentes y a la propia munícipe.

De acuerdo con la carpeta de investigación ministerial, los manifestantes sometieron a Juárez Ramírez y, bajo amenazas y violencia física, la obligaron a abordar una camioneta habilitada como ambulancia. El vehículo emprendió la huida con rumbo a San Agustín Amatengo, mientras en la capital oaxaqueña se activaban los protocolos de máxima alerta por parte de las corporaciones de seguridad ciudadana.

La respuesta de las autoridades se materializó en un despliegue masivo encabezado por el Gabinete de Seguridad estatal. En un operativo de coordinación interinstitucional sin precedentes, participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones. Gracias al rastreo estratégico del C5i y al cerco policial en las rutas de salida, las fuerzas del orden lograron interceptar la unidad y rescatar sana y salva a la alcaldesa durante el trayecto hacia su municipio.

Entre los 24 detenidos puestos a disposición del Ministerio Público se encuentran 13 mujeres y 11 hombres, incluido el conductor del vehículo utilizado para el traslado forzoso. La FGEO enfatizó que este caso será tratado con una estricta perspectiva de género, dadas las agravantes de violencia política implicadas en el ataque contra la integridad y el ejercicio del cargo de una servidora pública en funciones.

Este incidente subraya la delicada situación de gobernanza en diversas regiones de Oaxaca, donde los conflictos de carácter local suelen escalar a agresiones directas, desafiando incluso la inviolabilidad de las sedes de los poderes del Estado. Por ahora, los imputados permanecen bajo custodia legal en espera de que se determine su situación jurídica, mientras las autoridades reiteran que no habrá impunidad en actos que atenten contra la seguridad y la estabilidad democrática de la región.