En un hecho que ha conmocionado a la opinión pública oaxaqueña por la vulneración de la seguridad en la sede del Poder Legislativo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la imputación de 24 personas vinculadas al secuestro de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez. Los señalados enfrentan cargos por los delitos de secuestro y violencia política en razón de género.
Los hechos se desencadenaron el pasado 24 de febrero de 2026, durante una sesión de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado. De acuerdo con la carpeta de investigación, el recinto legislativo se encontraba sesionando para discutir la posible revocación de mandato de la alcaldesa. Tras someterse a votación y resultar en contra de dicha propuesta, un grupo de inconformes irrumpió violentamente en el salón de sesiones, superando con facilidad los filtros de seguridad.
Testigos presenciales informaron que los manifestantes confrontaron de manera directa a la alcaldesa y a diversos diputados. En medio del caos, el grupo de personas sometió a Juárez Ramírez y la obligó a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la cual pretendían trasladarla contra su voluntad hacia su municipio de origen. Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca.
El operativo de rescate fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una estrecha coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones. Gracias al apoyo del sistema de videovigilancia C5i y el despliegue de la Policía Estatal y Vial, las autoridades lograron ubicar el vehículo y darle alcance durante el trayecto, logrando la liberación de la víctima.
Como resultado de la intervención, fueron aprehendidas 24 personas, integradas por 13 mujeres y 11 hombres, incluyendo al conductor de la unidad. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente. Este incidente pone de manifiesto la creciente tensión política en la región y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en las instituciones del estado ante conflictos de carácter municipal.
