MILWAUKEE, WISCONSIN – Un oficial del Departamento de Policía de Milwaukee se encuentra bajo una investigación formal tras revelarse que utilizó herramientas tecnológicas de seguridad pública para fines estrictamente personales y de vigilancia privada. De acuerdo con informes oficiales, el agente empleó un sistema de lectura automática de matrículas para rastrear los movimientos de su pareja sentimental en 124 ocasiones distintas.
Las investigaciones detallan que el uniformado no solo limitó sus actividades de espionaje a su actual pareja, sino que también utilizó la plataforma de inteligencia para monitorear la ubicación y los desplazamientos de la expareja de esta persona. Este uso indebido de la tecnología, conocida como ALPR (Automated License Plate Reader, por sus siglas en inglés), ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de datos y la falta de supervisión efectiva dentro de las fuerzas del orden en Estados Unidos.
Para el lector en México, es importante precisar que estos sistemas de lectura de placas son herramientas de vigilancia masiva que consisten en cámaras de alta velocidad conectadas a una base de datos centralizada. En teoría, su función primordial es ayudar a las autoridades a localizar vehículos con reporte de robo, identificar sospechosos con órdenes de aprehensión vigentes o monitorear zonas de alta incidencia delictiva. Sin embargo, en este caso particular, el software fue desviado de sus funciones de seguridad pública para convertirse en un instrumento de acoso.
Según las autoridades de Milwaukee, ciudad ubicada en el estado de Wisconsin, cada una de las búsquedas realizadas por el oficial carecía de una justificación profesional o una orden judicial que la respaldara. El sistema permite conocer con precisión el historial de rutas, horarios y ubicaciones frecuentes de cualquier vehículo captado por las cámaras instaladas en patrullas y semáforos, lo que representa una invasión severa a la privacidad cuando se utiliza sin un marco legal.
Este incidente se suma a una serie de cuestionamientos sobre el equilibrio entre el uso de tecnología avanzada de vigilancia y el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Organizaciones de derechos civiles han señalado que, sin protocolos de auditoría rigurosos, estas herramientas pueden ser fácilmente explotadas por agentes con intenciones maliciosas o problemas de control personal.
Por el momento, el departamento no ha dado a conocer la identidad del oficial involucrado mientras se determinan las sanciones administrativas y posibles cargos penales. El caso subraya la urgente necesidad de implementar candados digitales que impidan que los servidores públicos utilicen el poder y los recursos del Estado para interferir en la vida privada de terceros.
