La administración de Donald Trump ha comenzado a matizar el alcance del arancel global del 15% anunciado recientemente, sugiriendo que su implementación no será automática ni generalizada para todos los socios comerciales. Kevin Hassett, economista en jefe de la Casa Blanca, informó este miércoles que la entrada en vigor de dicha tasa todavía se encuentra bajo discusión y dependerá estrictamente del estatus de las negociaciones bilaterales y de los acuerdos existentes con cada nación.

Esta postura representa un ajuste significativo respecto a la retórica inicial del mandatario, quien el pasado fin de semana había prometido un incremento inmediato. Por el momento, el gobierno estadounidense se apegará al arancel temporal del 10% que entró en vigor el pasado martes, mientras el equipo económico define en qué casos específicos será "apropiado" elevar la cifra al 15% mediante un nuevo decreto presidencial.

Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), explicó en entrevista para Bloomberg News que el objetivo primordial de esta selectividad es garantizar la "continuidad" en los acuerdos alcanzados con bloques económicos y países con los que ya se han establecido pactos tras el anuncio de aranceles globales de abril. Esto sugiere que aquellas naciones que logren concesiones o acuerdos satisfactorios para Washington podrían quedar exentas del aumento adicional.

Para México, esta rectificación de la Casa Blanca resulta de vital importancia. En un contexto de alta integración económica bajo el T-MEC, la posibilidad de que el arancel no sea generalizado abre una ventana para la diplomacia comercial. La incertidumbre previa sobre un impuesto uniforme del 15% había generado preocupación en los sectores industriales mexicanos, especialmente en el automotriz y de manufactura, que dependen de cadenas de suministro transfronterizas.

El trasfondo de esta decisión también responde a un complejo escenario legal en la Unión Americana. El pasado viernes, el Tribunal Supremo invalidó el uso de una ley de emergencia económica de 1977 que el Ejecutivo pretendía usar para imponer los gravámenes, argumentando una usurpación de facultades del Congreso. En respuesta inmediata, Trump recurrió a los poderes de una ley de comercio de 1974 para declarar los aranceles del 10% por un periodo de 150 días.

Con estas declaraciones, el equipo económico de Trump busca equilibrar su política proteccionista con la realidad de los mercados globales. Aunque el 15% sigue en la agenda, la Casa Blanca ha dejado claro que el mazo arancelario se usará de manera estratégica, convirtiéndose más en una herramienta de presión para renegociar tratados que en una medida fiscal de aplicación universal.