La administración de Donald Trump ha comenzado a matizar su postura respecto a la implementación de un arancel global del 15%, una medida que había generado alarma en los mercados internacionales y entre sus principales socios comerciales. Funcionarios de la Casa Blanca aclararon este miércoles que la entrada en vigor de dicha tasa no será automática ni generalizada, sino que estará condicionada al progreso de las negociaciones bilaterales y al estatus de los acuerdos vigentes con cada nación.

Kevin Hassett, economista en jefe de la Casa Blanca, explicó ante medios de comunicación que el incremento al 15%, anunciado inicialmente por Trump durante el pasado fin de semana, todavía se encuentra bajo análisis. Según el funcionario, la decisión final dependerá de la dinámica de los diálogos comerciales y del cumplimiento de las condiciones establecidas con los aliados estratégicos de Estados Unidos. Esta rectificación ocurre apenas un día después de que entrara en vigor un arancel temporal del 10%, el cual fue aplicado de manera inmediata tras un revés judicial en el Tribunal Supremo.

Por su parte, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, detalló en entrevista para Bloomberg News que, si bien el presidente Trump tiene previsto firmar un decreto en los próximos días para elevar el gravamen, este se aplicará únicamente “donde sea apropiado”. Greer enfatizó que el objetivo central es mantener la continuidad en los acuerdos alcanzados con países individuales y bloques económicos, como la Unión Europea, evitando una ruptura total con los marcos de cooperación establecidos previamente.

Este ajuste en la estrategia comercial responde a las complicaciones legales enfrentadas por el Ejecutivo estadounidense. Originalmente, la administración intentó invocar una ley de emergencia económica de 1977 para imponer aranceles, pero el Tribunal Supremo invalidó dicha acción por considerar que usurpaba competencias exclusivas del Congreso. Ante esto, el equipo de Trump recurrió a la Ley de Comercio de 1974, la cual permite declarar aranceles globales del 10% por un periodo limitado de 150 días.

Para México, el anuncio representa un respiro cauteloso dentro de un clima de alta tensión económica. La mención de respetar los “acuerdos existentes” sugiere que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría servir como blindaje frente a las medidas más agresivas de Washington, siempre y cuando se mantengan las mesas de diálogo abiertas. No obstante, la discrecionalidad de aplicar el 15% de manera selectiva mantiene la presión sobre el gobierno mexicano para asegurar que su relación comercial no sea degradada por las nuevas disposiciones de la Casa Blanca.